“Desde los primeros segundos del sábado pasado Nuevo León se encuentra sumido en la incertidumbre”. El anterior es el apretado resumen de los centenares de sesudos análisis publicados en todas partes luego de trasponer el límite temporal con el cual contaba “El Nuevo” Samuel García para separarse del cargo de gobernador y “distraerse” con la campaña presidencial.
Se trata, diría un viejo colega, del clásico (falso) dilema construido por los abogados “quita planchas”. Ni hay tal incertidumbre, ni existe ingobernabilidad, ni hay confusión respecto de quién detenta el poder público en el estado de Nuevo León.
Samuel García es el gobernador en funciones. Con toda la legitimidad obtenida en las urnas y entregada por quienes votaron por él. Plantear la existencia de un vacío de poder, o argumentar en torno a una “usurpación de funciones” constituye un despropósito monumental y un sinsentido jurídico.
Y no se trata de ser fan –o anti fan– del gober fosfo-fosfo, sino de realizar el mínimo esfuerzo de objetividad. Tampoco hace falta contar con doctorados en derecho para entender el asunto. Se trata de recurrir a la lógica más elemental de la cual, por cierto, se nutre el entramado jurídico.
Para tenerlo claro basta con puntualizar adecuadamente los hechos:
1. Samuel García ganó las elecciones constitucionales de 2021. A partir del resultado electoral se le declaró, primero, gobernador electo y rindió, después, la protesta correspondiente al cargo. Y la protesta fue rendida, como manda la Constitución y las leyes del estado, por un período de seis años.
2. La normatividad electoral vigente en México permite a quien ostenta un cargo de elección popular –incluida la gubernatura de un estado– solicitar licencia por diversas razones, entre ellas la de perseguir otro encargo de elección popular.
3. La posibilidad de separarse temporalmente del cargo –independientemente del plazo– no segmenta ni fragmenta el periodo para el cual fue electa la persona concreta. Quien se ausenta voluntariamente, de acuerdo con los términos de la ley, sigue siendo el titular de la posición, pero “con licencia” y;
4. La concesión de la licencia solicitada –sean cuales sean los términos– no obliga a tomarla ni a “respetarla” por el tiempo concedido. Quien pide licencia a un cargo de elección popular puede reasumir sus funciones en cualquier momento y ello no depende de la realización de un protocolo especial cuya ausencia convierta en ilegal el retorno o, como de forma aberrante se ha mencionado, convierta en “espurio” al mandatario en cuestión.
No existe pues, confusión alguna. No hay vacío de autoridad, ni puede existir duda sobre la legitimidad de los actos realizados por Samuel García desde los primeros minutos del sábado pasado, cuando decidió abandonar sus aspiraciones presidenciales y resumir funciones como gobernador.
Hay abogados planteando lo contrario, estoy consciente de ello. Pero se trata de los abogados para quienes el derecho es un instrumento mecánico cuya aplicación sólo puede darse de manera mecánica. Se trata de los exponentes del mal estado de la enseñanza y el aprendizaje del derecho en México.
@sibaja3