Digámoslo pronto: en la democracia las libertades siempre están bajo amenaza. Y eso es así porque la democracia –como puede constatarse fácilmente hoy a través de múltiples ejemplos– es un modelo mediante el cual sus enemigos tienen la posibilidad de acceder al poder público para, desde allí, demoler las instituciones sobre las cuales se construye.
Lo anterior es tanto más cierto en la medida en la cual la clase política de una sociedad está integrada por individuos indecentes a quienes no interesa la consolidación de un modelo capaz de construir sociedades igualitarias, sino apenas conquistar el poder para su beneficio personal y el de sus respectivos clanes.
México, en particular, y América Latina en general, constituyen ejemplos puntuales de esta realidad. Y eso se refleja en los distintos instrumentos con los cuales se mide la calidad de la democracia en el mundo. Uno de esos es el Índice Chapultepec, un mecanismo diseñado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para medir el estado de la libertad de expresión en las Américas.
El panorama, en el caso de nuestro país, es desolador: en la edición 2023 de dicho Índice, presentado el viernes anterior, en el marco de la 79 Asamblea Anual de la SIP, realizada en la Ciudad de México, ocupamos la posición número 15 en el conjunto de 22 países en los cuales se aplica el instrumento.
Pero no sólo eso: México se ubica en el último peldaño del grupo de naciones donde la libertad de expresión se considera “en restricción”. Se trata del punto más bajo ocupado por nuestro país desde la primera ocasión en la cual se realizó la medición.
“La evaluación del Índice Chapultepec para el año 2023 muestra que poco o nada se ha avanzado para mejorar el estado de la libertad de expresión en México. En lugar de avanzar hacia una mayor protección y promoción de este derecho fundamental, el país parece estancado frente a la inacción de los tres poderes para generar iniciativas que abonen un clima de mayor libertad en el ejercicio periodístico”, señala el documento.
Unos párrafos después se identifica una de las causas fundamentales del deterioro señalado: “el incremento de la violencia extrema de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado urbano y regional, así como su frecuente complicidad con las autoridades locales, siguen acabando paulatinamente con el periodismo libre y seguro en todo el país”.
Aquí es indispensable realizar una precisión: no se trata de una realidad construida solamente por la actitud adoptada por Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa crítica. Quienes no forman parte de sus huestes –salvo muy contadas excepciones– también tienen responsabilidad.
La razón es muy simple: a los políticos mexicanos, mayoritariamente adscritos a la cultura patrimonialista del poder y afectados de un serio problema de egolatría, no les gusta la prensa libre y sufren violentos ataques de alergia ante cualquier crítica.
Se encuentren en el nivel municipal o estatal de gobierno, y pertenezcan a cualquier partido político, nuestros gobernantes buscan sólo una cosa de los medios de comunicación y, en general, de la sociedad: el halago permanente a sus acciones.
Por ello, aunque López Obrador es hoy la figura más identificable en el contingente dedicado a generar un clima de violencia en contra de la actividad periodística, no es solamente a él a quien debe voltearse a ver al momento de analizar el deprimente resultado en el Índice Chapultepec.
Pero tampoco es de él, ni de cualquier otro político, de quien debe esperarse la transformación de esta realidad. Porque los políticos -de cualquier signo ideológico- están siempre más tentados por las pulsiones autoritarias y no van a renunciar voluntariamente al exceso en el ejercicio del poder.
Frente a tal realidad, sólo existe una ruta y es la históricamente seguida por las sociedades humanas para conquistar la igualdad: los ciudadanos debemos obligar a quienes detentan el poder a comportarse democráticamente.
@sibaja3