En Nuevo León, moverse se ha vuelto una tortura.
Vivimos en una de las zonas metropolitanas más importantes del país, pero que también tiene una de las peores condiciones en movilidad.
Cada día, cientos de miles de personas —principalmente trabajadores, estudiantes y adultos mayores— enfrentan un sistema de transporte que, lejos de facilitarles la vida, los castiga.
Largas filas esperando un camión, ya sea bajo el frío de menos 10 grados, las lluvias o bajo el sol inclemente de más de 40 grados. Muchos pasan hasta cuatro horas al día en traslados. Para colmo, tenemos uno de los transportes más caros del país. En esta administración se han autorizado incrementos como nunca antes. En enero de 2025, por ejemplo, se autorizó un aumento gradual en la tarifa que llegará hasta los $17 pesos por viaje.
Sin embargo, estos aumentos no se han traducido en mejoras sustanciales. Todos los días, y como nunca antes, recibo mensajes de los usuarios denunciando que el servicio sigue siendo deficiente, insuficiente e indignante.
¿Cómo es posible que el segundo transporte más caro de México sea también uno de los más ineficientes? ¿Cómo se justifica este aumento cuando no se ven los resultados?
La insensibilidad de nuestras autoridades demuestra una total desatención y falta de empatía para quienes cada peso cuenta, y cada minuto perdido en el tráfico representa menos tiempo con sus familias o descansando tras una larga jornada de trabajo.
Ante esta situación, Judith Díaz y yo presentamos un Punto de Acuerdo en el Senado de la República en el que pedimos que se exhortara al gobernador del estado y a los alcaldes de los municipios metropolitanos a tomar cartas en el asunto.
Entendiendo la gravedad del asunto, el Punto de Acuerdo fue aprobado por los legisladores, y será ahora el Senado de la República quien les exija a nuestras autoridades respuestas contundentes.
Esta crisis no solo es una cuestión de transporte: es una violación al derecho humano a la movilidad. Es, además, un derecho fundamental pues está íntimamente relacionado con otros: el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano y a la seguridad.
El Punto de Acuerdo que impulsamos no sólo exige atención urgente a esta crisis; también respalda la implementación de un verdadero Plan Integral de Movilidad Urbana, que no se quede en el papel ni en promesas vacías. Queremos una reestructuración seria, técnica y con visión de largo plazo. Una verdadera transformación en movilidad debe contemplar todos los aspectos: seguridad vial, conectividad regional, inclusión de todas las zonas —especialmente las más marginadas— y, sobre todo, la dignidad de los usuarios. No se trata sólo de mover personas de un lugar a otro, sino de garantizar traslados seguros, rápidos, accesibles y respetuosos con el medio ambiente.
Pero, sobre todo, creemos que cualquier estrategia debe ser construida con la participación activa de los ciudadanos. Si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que no hay transformación posible sin la voz de quienes viven día a día las consecuencias de las malas decisiones. Los usuarios deben ser el centro de toda política de movilidad. Escucharlos no es una opción; es una obligación.
Como senadores, Judith y yo nos comprometimos a no quedarnos callados ante las problemáticas de los ciudadanos y, lo que es más grave, ante todo aquello que vulnera sus derechos. La movilidad es uno de los temas que más duelen en nuestro estado y también uno de los que más une a la ciudadanía en su exigencia.
Desde el Senado, seguiremos levantando la voz por un transporte digno, accesible y eficiente. Nuevo León lo merece.