Piden aplicar 'Ley Ingrid' que castiga filtración de imágenes
La legisladora de Morena propone dar hasta seis años de prisión a funcionarios que difundan o filtren imágenes de víctimas de delitos como feminicidios
- 26
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Noviembre
2024
Una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para castigar hasta con seis años de cárcel a los funcionarios públicos que difundan imágenes procesales de víctimas de algún delito, es la que presentó la diputada local de Morena, Grecia Benavides Flores.
El castigo que propone la legisladora será aún mayor si se trata de un caso de feminicidio o violencia de género, según explicó.
Con esta reforma, Benavides busca que Nuevo León emule la denominada “Ley Ingrid” que ya está vigente en entidades como la Ciudad de México y Oaxaca donde se castiga a los servidores públicos que difunden o filtran videos, fotos, audios, cualquier tipo de información sensible relacionada con víctimas de delitos, especialmente en casos de feminicidio y violencia de género.
Lo anterior, según Benavides Flores, porque con su difusión se revictimiza a quienes han sufrido algún delito y se daña la confianza en los órganos de justicia.
“Presento esta iniciativa como una forma de contribuir a detener la crisis de feminicidios y violencia de género que atraviesa el estado; es también un llamado a actuar de manera urgente, todos juntos, para acabar con esta problemática"
“La difusión irresponsable de material sensible no solo viola la privacidad de las víctimas y sus familias, sino que perpetúa la violencia mediática de género y daña la confianza en el sistema de justicia”, señaló Benavides
La “Ley Ingrid” surgió a raíz del feminicidio de la joven Ingrid Escamilla Vargas en la Ciudad de México allá por febrero de 2020
A la joven la asesinó con saña su pareja Erick Francisco Robledo Rosas, en su domicilio, tras una discusión.
Lo que indignó fue el hecho, pero también la difusión de las imágenes periciales del cadáver que se le atribuyeron a la Fiscalía de la Ciudad de México.
La propuesta de Benavides Flores fue acompañada por los diputados locales Anylú Bendición Hernández y Jesús Elizondo, así como la dirigencia del partido.
Aunque es común que en este tipo de propuestas vayan la bancada en su conjunto, a la morenista no la acompañó su coordinador, Mario Soto, ni la vice coordinadora, Berenice Martínez.
“El proyecto de decreto propone reformar el artículo 224 del Código Penal local para establecer sanciones dirigidas a quienes difundan indebidamente evidencias procesales"
“Las penas contemplan de seis meses a seis años de prisión, con un aumento en la sanción si el delito está relacionado con un feminicidio”, indicó un comunicado
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