Trump busca revocar visas a cantantes de narcocorridos

La administración de Donald Trump ha puesto en la mira a los cantantes de narcocorridos, un género musical que narra historias relacionadas con el narcotráfico, como parte de una política más amplia para restringir el acceso a Estados Unidos de personas asociadas con actividades que el gobierno considera vinculadas al crimen organizado o al terrorismo.

Según reportes recientes, en los últimos dos meses y medio, se han revocado más de 800 visas, afectando a diversos grupos, incluidos artistas que interpretan este tipo de canciones. 

El caso más destacado es el de la banda mexicana Los Alegres del Barranco, a quienes se les cancelaron sus visas tras proyectar imágenes de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en Guadalajara.

Esta acción fue interpretada por las autoridades estadounidenses como una glorificación de figuras criminales, lo que llevó al Departamento de Estado a tomar medidas.

Christopher Landau, subsecretario de Estado, afirmó que no se extenderá 'una alfombra roja' a quienes enaltezcan a criminales o terroristas, subrayando que la libertad de expresión no exime de consecuencias.

Esta política se basa en la designación de varios cárteles mexicanos, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas por parte de la administración Trump.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, el gobierno tiene la facultad de revocar visas a individuos que se crea que apoyan o difunden actividades relacionadas con el terrorismo o el crimen organizado.

Esto ha puesto en riesgo a artistas prominentes del género, como Peso Pluma, Natanael Cano, Luis R. Conríquez y otros, cuyas letras a menudo hacen referencia a figuras del narcotráfico o sus actividades.

El impacto no solo afecta a los artistas, sino también a la industria musical, ya que muchos dependen de presentaciones en Estados Unidos para sus ingresos.

Sin embargo, la medida ha generado debate: mientras algunos la ven como un paso necesario para combatir la "narcocultura", otros argumentan que podría vulnerar la libertad de expresión, aunque esta defensa choca con las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos.

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