Denuncian padres de familia desvío de 180 mil pesos en secundaria

Padres de familia de la secundaria técnica número 82 “Hipólito Charles Martínez” denunciaron un presunto desvío de fondos por un monto de $180 mil pesos y actos de violencia de género cometidos por el director de la institución. 

Según los denunciantes, estos hechos involucraron a la anterior mesa directiva de la escuela encabezada por la expresidenta y su hija quienes habrían participado en la malversación de recursos provenientes de las cuotas voluntarias de los estudiantes.

El abogado Luis Fernando Ramírez Ávila representante legal de los padres de familia, explicó que después de recabar firmas de los afectado se presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Educación, dirigida al Secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, el pasado viernes 21 de febrero. 

Los padres de familia solicitaron la remoción inmediata del director del plantel, quien además de estar acusado en el manejo irregular de las finanzas escolares fue señalado por casos de violencia de género contra personal docente, especialmente hacia mujeres.

En cuanto al desvío de fondos, se detalló que los depósitos de las cuotas voluntarias fueron canalizados a dos cuentas distintas sin justificación lo que resultó en la pérdida de $180 mil pesos. Estos recursos se recaudan anualmente, superando los $300,000 pesos por ciclo escolar y deberían haberse destinado al beneficio de la comunidad escolar.

Ramírez Ávila también informó que recientemente se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Coahuila, en la que se involucró a la expresidenta de la mesa directiva Beatriz N, su hija y el director de la escuela, Alfonso "N". 

La denuncia se centró en el fraude y en la presunta complicidad del director, quien habría tenido conocimiento de las irregularidades financieras.

Hace dos años, una maestra que ya no trabaja en la institución presentó una denuncia contra él por acoso, y desde entonces según los reportes el director continuó con conductas similares hacia otras docentes.

La situación fue puesta en manos de la Fiscalía, que comenzó a girar los oficios correspondientes para notificar a las partes involucradas. 

Los padres de familia esperan que las autoridades actúen con prontitud para garantizar la transparencia en la administración escolar y asegurar un ambiente seguro para los docentes y estudiantes.

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