Ordena Tribunal Electoral castigar a Manuel González
El Trife pide al Congreso sancionar al exsecretario de Gobierno del 'Bronco' por desvío de recursos en recolección de firmas para campaña presidencial
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Diciembre
2023
Y por fin, el Trife está pidiendo castigar a uno de los dos ''Manueles'' acusados de cometer actos ilícitos en la administración de Jaime Rodríguez.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Nuevo León sacar del ''cajón del olvido'' y aplicar ya el castigo que está pendiente contra el exfuncionario 'Bronco', Manuel González Flores, por desviar recursos públicos en la campaña presencial del 2018.
El máximo tribunal electoral del país resolvió que González Flores tiene que ser sancionado ya por haber orquestado y operado, en el 2017, que 572 funcionarios de 26 dependencias estatales recolectaran firmas para la candidatura presidencial del Bronco en horario oficial y con recursos públicos.
Así se lo notificó el pasado jueves 14 de diciembre al Congreso local y le dio cinco días hábiles para aplicar la sanción.
El Poder Legislativo inició periodo vacacional el viernes 15 y vuelve el 3 de enero, por lo que a más tardar el día 10 de ese mes, considerando el fin de semana, tendrá que resolver el castigo.
''La Sala Especializada (del TEPJF) resolvió que Manuel Florentino González Flores, en su carácter de gobernador interino, es responsable por la infracción (que se le denunció que es el uso de recursos públicos durante el proceso de recolección de apoyos ciudadanos para obtener la candidatura a la Presidencia de la República)''.
''Se vincula al Congreso del estado de Nuevo León para que lleve a cabo las actuaciones precisadas en este acuerdo plenario en los plazos y términos fijados para ellos'', se lee en el documento.
La resolución se emitió el pasado 8 de diciembre, pero fue notificada al Congreso local, así como a los promoventes de la denuncia, que en su momento fueron los entonces diputados locales de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y Mariel Saldívar Villalobos, el pasado jueves.
En entrevista con El Horizonte, Saldívar Villalobos señaló que el Trife no dice la sanción que se debe aplicar, pues lo deja en manos del Congreso, pero de acuerdo a la ley esta debería ser la destitución del cargo, lo cual ya no aplicaría porque González ya no es funcionario público, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, una multa económica o una amonestación.
Saldívar dijo que el Congreso actual se ha visto omiso y permisivo con González, pues mientras enfoca baterías en funcionarios del gobierno actual, no lo hace con exfuncionarios.
Lo que hemos visto en este último año es que el Congreso ha llevado a cabo diversas sanciones para funcionarios públicos estatales a través de la figura del juicio político, pero ha omitido sancionar a servidores públicos que tienen sentencias en firme, que tienen pendiente una sanción desde el 2018.
Entonces básicamente lo que hace el Tribunal es exigirle al Congreso que aplique esa sanción, porque está cayendo en un desacato, ya que no está cumpliendo una sentencia que tiene cinco años.
Mariela Saldívar, exdiputada de Movimiento ciudadano.
Por este caso, el exgobernador, Jaime Rodríguez, ya ha sido sancionado y hasta fue a dar a la cárcel en marzo del año pasado, pero González Flores sigue intocable cuando, según el INE, él fue quien ordenó el operativo y uso de recursos públicos para las firmas.
Este caso fue ''revivido'' por Saldívar el 17 de febrero del 2023, cuando pidió al Trife que se aplique la sanción pendiente.
En octubre del presente año se creó en el Congreso la Comisión Jurisdiccional para ver específicamente el caso de Manuel González y Jaime Rodríguez, sin embargo, hasta la fecha no se ha visto nada sobre ese tema.
¿Por qué nunca se aplicó?
Las sanciones contra Manuel González nunca se aplicaron porque promovió una serie de amparos y controversias ante la Corte que finalmente fueron desechadas.
Pero, según el Trife, ya no hay obstáculo y tienen que ser aplicadas en cinco días hábiles.
Las sanciones que se tienen contempladas en la Ley de Juicio Político del Estado son la destitución e inhabilitación temporal para desempeñar sus funciones de servidor público, la cual ya no aplicaría debido a que tanto Rodríguez como González ya no se encuentran en el cargo.
En este caso sería la inhabilitación, solamente tendrían que definir por cuánto tiempo duraría.
De lo que se le acusa a Manuel González es que durante el ejercicio de sus funciones como servidores públicos del estado usaron recursos humanos y materiales de 971 empleados de 25 dependencias estatales para la recolección de firmas que Rodríguez necesitaba para validar su candidatura presidencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
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