'Tren fronterizo carece de estudios de impacto ambiental': Durazo

El gobernador del estado de Sonora, en el norte de México, reconoció el martes que un proyecto ferroviario rodeado de secretismo está en manos del ejército y que aún no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental, meses después de que se iniciaran las obras para su construcción.

El desarrollo de la línea ferroviaria entre el puerto de Guaymas y la ciudad fronteriza de Nogales amenaza con atravesar y dañar terrenos sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Las autoridades de Sonora intentan convertir a Guaymas, en el Golfo de California, en un importante puerto de contenedores, pero una línea ferroviaria con Estados Unidos corta por la mitad la ciudad de Nogales.

El gobernador oficialista de Sonora, Alfonso Durazo, justificó el proyecto ferroviario diciendo que el tráfico de contenedores supondría trenes mucho más largos, que dividirían la ciudad, y que la nueva línea desviaría el tráfico ferroviario al este de la ciudad.

Pero la nueva línea ferroviaria traza un camino completamente nuevo al sur de Nogales que amenaza con atravesar el rancho Aribabi, designado por el gobierno federal como Área Natural Protegida, y la localidad de Imuris, que se encuentra a 65 kilómetros al sur de la frontera entre México y Estados Unidos.

La decisión de entregar este proyecto a los militares ilustra el poder que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha otorgado durante su sexenio al ejército, al que se ha permitido eludir los permisos y las normas medioambientales.

Mientras tanto, quienes se oponen al proyecto no han podido obtener ni siquiera la información más básica sobre el plan y ninguna autoridad federal, local o estatal está dispuesta a asumir la responsabilidad del proyecto de 350 millones de dólares para construir 63 kilómetros de líneas.

Durazo reconoció el martes que la línea de tren ''es una obra que ejecuta la Sedena (Secretaría de la Defensa)''. El Estado financia parcialmente el proyecto, pero su papel operativo se limita a ayudar al ejército a conseguir los derechos de paso.

Y lo que es más importante, aunque algunas partes ya están en construcción y los contratistas del gobierno han empezado a talar árboles y a excavar el camino para la vía férrea hacia la hacienda Aribabi hogar de osos negros y jaguares nunca se ha presentado una declaración de impacto ambiental.

López Obrador ha recurrido en gran medida al ejército para construir sus proyectos estrella como una línea ferroviaria turística, conocida como el ''Tren Maya'', en la península de Yucatán, que atraviesa la selva.

Ante las impugnaciones judiciales y las críticas, el mandatario mexicano aprobó una regulación para que los proyectos de importancia para la “seguridad nacional” no tengan que presentar una declaración de impacto hasta un año después de iniciada su construcción.

No ha habido comunicación oficial: ni plan, ni consulta, ni evaluación ambiental, dicen los residentes locales. El proyecto no se menciona en ningún sitio web del gobierno estatal o federal ni en los planes de desarrollo del estado de Sonora.

Omar del Valle Colosio, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora, dijo que todos los derechos de paso se estaban negociando con los habitantes.

Pero los habitantes de la zona afirman que no ha habido comunicación oficial, ni se han publicado mapas, ni se ha realizado ninguna consulta.

Los residentes también dicen que la Secretaría Infraestructura y Desarrollo Urbano estatal ha ofrecido comprar partes de algunas propiedades por tan sólo 1,80 pesos (10 centavos de dólar) por metro cuadrado.

Según un mapa filtrado por un funcionario local, el proyecto creará una segunda línea de ferrocarril para una parte de la ruta existente entre Nogales y el puerto de Guaymas, esta vez siguiendo el río Cocóspera hacia el sur antes de atravesar el perímetro oeste del rancho Aribabi y luego irá hacia Imuris.

Los lugareños dicen que la ruta pasa por encima de los canales de riego de sus granjas y amenaza el embalse que abastece de agua a los 12,500 habitantes del municipio.

Además de perturbar la vida silvestre que depende del río, la construcción también cortará un importante corredor de migración sobre las montañas Azul y El Pinito para ocelotes, osos negros y jaguares, según el Centro para la Diversidad Biológica.

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