Reforma judicial llega a la OEA; CIDH analizará su impacto

La polémica reforma judicial de México, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha traspasado fronteras y ahora será evaluada en un organismo internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en respuesta a las preocupaciones de trabajadores del Poder Judicial y expertos, ha decidido incluir el tema en su agenda.

Cabe mencionar que la audiencia está programada para el próximo 12 de noviembre en Washington, como parte de su 191° período de sesiones.

Desde su aprobación y entrada en vigor el pasado 16 de septiembre, esta reforma, impulsada inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado una oleada de críticas y acciones legales en México.

Los opositores, principalmente trabajadores del Poder Judicial, han señalado que la elección popular de los jueces representa una amenaza a la independencia judicial, pues podría abrir la puerta a la influencia de intereses políticos y criminales en las decisiones de la justicia mexicana.

El movimiento en contra de la reforma alcanzó a la CIDH gracias a la intervención de representantes del Poder Judicial, como la jueza Juana Fuentes Velázquez, líder de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, y otros activistas y expertos en derechos humanos.

Los opositores argumentan que los cambios propuestos ponen en riesgo la imparcialidad y calidad de la justicia en el país, un tema que ha preocupado a organizaciones y ciudadanos por igual.

Además, la CIDH ya había mostrado inquietudes sobre la reforma en septiembre, cuando el Congreso de México y las legislaturas estatales le dieron el visto bueno.

En ese momento, el organismo interamericano alertó que la medida podría afectar el derecho de acceso a la justicia y la independencia judicial, fundamentales para el Estado de Derecho en México.

La CIDH también advirtió que el proceso de implementación ha sido apresurado y sin un diagnóstico claro de los problemas estructurales de la justicia en México.

La creación de “jueces sin rostro” para casos de crimen organizado y el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas autoridades también serán elegidas por voto popular, han sido dos de los puntos más criticados. Para la CIDH, estas medidas pueden comprometer la transparencia y objetividad en la impartición de justicia.

A pesar de los amparos presentados por jueces en un intento de frenar su aplicación, la reforma sigue adelante. Recientemente, los comités de evaluación de los tres poderes del gobierno ya fueron establecidos para supervisar el proceso, y se espera que la primera convocatoria ciudadana para candidatos a jueces se lance el 4 de noviembre.

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto que podría anular partes de la reforma, en una sesión clave para el futuro de dicha iniciativa.

Según lo programado, la CIDH analizará la situación de México en una audiencia pública el 12 de noviembre.

Los trabajadores del Poder Judicial esperan que esta intervención del organismo internacional pueda abrir un debate sobre los riesgos de la reforma, en especial en cuanto a la independencia judicial y el acceso a la justicia en el país.

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