Liberan a 13 funcionarios retenidos en Chilpancingo

Los 13 servidores públicos retenidos en Chilpancingo, Guerrero por participar en una violenta protesta, supuestamente dirigida por miembros de un cártel, fueron liberados durante la tarde de este martes.

El gobierno del estado de Guerrero informó del acuerdo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Guerrero, en el sur de México, es uno de los estados más pobres del país y en él operan varios grupos criminales que luchan por controlar diferentes zonas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad Pública federal, había indicado horas antes que los retenidos desde el lunes eran cinco policías estales, cinco agentes de la Guardia Nacional, dos funcionarios estatales y uno federal.

Las protestas incluyeron actos vandálicos contra varios edificios del gobierno en la capital del estado, Chilpancingo, y cortes carreteros intermitentes en la autopista que conecta Ciudad de México con Acapulco que continuaron hasta que se anunció el acuerdo.

El gobierno federal aseguró que quienes dirigieron las manifestaciones eran individuos acusados de varios delitos que exigían la liberación de dos líderes de un cártel local, conocido como Los Ardillos, recientemente detenidos. Según Rodríguez forzaron a los pobladores a que se unieran a su reclamo.

Los manifestaciones exigían más servicios, carreteras y apoyo para una zona montañosa y muy marginada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que es habitual que algunos grupos criminales obliguen a los pobladores a participar en eventos porque quieren mostrar respaldo social pero pidió a la gente “que no se dejen manipular”.

En este sentido, afirmó que las dos personas capturadas ya están procesadas por lo que cualquier decisión sobre ellos corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo. No obstante, aseguró que cualquier demanda justa sería atendida.

Paradójicamente, después de afirmar que los líderes de las protestas eran parte de un cártel local, se dio a conocer un documento en el que las autoridades se comprometían a hacer varias obras de pavimentación y drenaje de vías públicas de la zona de donde procedían los manifestantes. Se desconoce si hubo algún pacto más.

Guerrero, el estado en el que en 2014 desaparecieron los 43 estudiantes de magisterio cuyo destino todavía se desconoce, es escenario de una cruenta batalla territorial entre distintos grupos criminales. En junio siete cuerpos descuartizados fueron arrojados sobre una calle del centro de Chilpancingo junto a amenazas de uno de los cárteles.

Según explicó el lunes por la noche el jefe de la policía estatal, Evelio Méndez, había 150 agentes estatales y 150 guardias nacionales desplegados para contener a las protestas pero los manifestantes los superaban en número y armados con palos y piedras se apoderaron de un vehículo policial blindado que usaron para embestir las puertas del edificio del congreso estatal.

Diferentes grupos criminales tienen en jaque varios estados del país. En algunos la disputa es entre los grandes cárteles, en otros entre organizaciones criminales locales.

La secretaria de Seguridad atribuyó el martes a López Obrador una disminución del 17,5% en el número de homicidios desde que comenzó su administración en diciembre de 2018. Sin embargo, cerca del 11% de esa disminución ocurrió en los últimos meses del mandato de su antecesor. En los cuatro años y medio que López Obrador lleva en el cargo los homicidios han disminuido un 7%, pero se mantienen en niveles históricamente altos.

Durante la conferencia matutina presidencial, el gobierno también confirmó que el coche bomba que estalló en Celaya, en el estado de Guanajuato, en el centro del país, fue activado por un cártel local y que mató a un agente de la Guardia Nacional.

Al parecer, los agentes respondieron a una denuncia sobre un coche aparcado con lo que parecían ser cadáveres en su interior y al acercarse el vehículo explotó.

Con información de AP.

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