Doña Carlota, la mexiquense que asesinó a dos personas que le robaban al invadir su propiedad o la de su hija, es ahora estandarte de quienes exigen justicia y se topan con un sistema de procuración e impartición de justicia anquilosado, podrido, agónico.
Ella es una criminal, y hay dos difuntos gracias a la nula acción de la justicia que, como sabemos, en este país se mueve con pies de plomo.
Las instancias del Edomex responsables de procurar la justicia fueron negligentes, incompetentes, indolentes o corruptas, aunque todas esas adjetivaciones son sinónimos de corrupción.
La denuncia de Carlota fue ignorada por la autoridad; su petición a los invasores quedó en burlas. Al fin de cuentas, ¿a quién le importa lo que piense una adulta mayor próxima a ser octogenaria? Seguramente eso pensaron quienes recibieron su denuncia y quienes invadieron su propiedad.
Ella cometió un crimen. El asunto es que el debate no está en si ella cometió o no un delito —eso es evidente—; la discusión debe centrarse en el concepto de justicia por sobre la aplicación del derecho, pues éste, en México, se basa en leyes frecuentemente alejadas de la justicia.
Doña Carlota es justiciera al mejor estilo de las películas de Hollywood con el mismo nombre; así, Charles Bronson y Denzel Washington son ejemplos de héroes del cine estadounidense por ejercer justicia en favor de los débiles y contra los abusadores.
¿Hizo bien o hizo mal? Ante la impotencia de ver cómo, con cinismo rampante, le secuestran su patrimonio los posesionarios, aduciendo ser renteros, ¿qué podía hacer la mujer anciana? ¿Cruzarse de brazos, llorar, clamar justicia, ir a los medios para ser una de las cien noticias del día, o ejercer el legítimo derecho de pelear por lo que es suyo y que, seguramente, adquirió ella o su hija con gran esfuerzo?
Sabemos por experiencias previas que la autoridad no haría nada. El 99% de las desapariciones forzadas —sean cometidas por gobiernos o por “privados”— quedan en la impunidad; sólo el 6% de los delitos se denuncian y menos del 1% de los crímenes donde hay muertes o secuestros son castigados. Ante esta estadística, ¿qué puede esperar alguien víctima de despojo de inmuebles en un estado donde ese delito está al alza, y donde la autoridad estatal, encabezada por doña Delfina, no mueve un dedo en bien de la justicia?
El debate trasciende la esfera de lo legal: ahí se agota de inmediato, pues ella asesinó a dos personas sin que su vida estuviera en peligro. El debate debe ubicarse en el terreno de la filosofía del derecho, en la ética y en la aplicación de la justicia. En estos campos, Carlota la justiciera tiene mucho a su favor.
El caso debería encender alertas. Que haya protestas en favor de la señora y sus hijos no es para ignorar el asunto. Que en redes sociales y mesas de café se debata el tema no es algo menor. El caso movió fibras sensibles en una sociedad de 130 millones de habitantes, donde la mitad está harta de la impunidad para asesinos y malandros, mientras la otra mitad disfruta las mieles de la arbitrariedad.
No se puede aplaudir el crimen, pero debemos reflexionar sobre el cansancio social ante las violaciones constantes a la justicia.
En este caso, todo apunta a la negligencia. Pero si mañana se descubre que hubo complicidad, porque alguien dentro de la autoridad es amigo o está coludido con los pillos invasores de la propiedad, el asunto causará mayor indignación.
Hoy, Carlota es paradigma de la justicia por propia mano ante el estado fallido de algunos sectores de la procuración e impartición de justicia. ¡Atendamos este síntoma antes de que avance la enfermedad!