La semana pasada se logró un acuerdo que resolvió los temas torales del Estado, los cuales estaban mancomunados entre la Fiscalía y el presupuesto.
Como se sabe, luego de algunas reuniones privadas en las que participaron las cabezas visibles de los grupos en contienda, salió humo blanco y se lograron destrabar estos importantes temas, que tenían al Estado y a sus obras de desarrollo y crecimiento en una semi-parálisis.
Contar con un presupuesto para el ejercicio 2025 tendrá, sin dudas, sus ventajas operativas, ya que no será necesario someterse al ya muy gastado y reconducido presupuesto de 2023. ¿Qué implica esto? Habrá oportunidad de que el gobierno central, los órganos autónomos incluyendo la Fiscalía, tengan el recurso que se ocupa para dejar atrás las excusas y, ahora sí, ir por la procuración de justicia, lo cual abonará en forma significativa a la seguridad. Ha cambiado el clima político, y ahora predomina el buen entendimiento, independientemente de los intereses que se vieron favorecidos.
Es ahora cuando los ciudadanos tendrán la oportunidad de medir de qué están hechos los políticos y funcionarios en cada una de sus responsabilidades ejecutivas y legislativas, tanto del Estado como de los municipios.
Este valioso acuerdo, así como la designación del fiscal general en la persona del abogado Javier Enrique Flores Saldívar, cuya capacidad está probada para el cargo, son pasos importantes. Javier pertenece a una dinastía de conocedores del derecho, particularmente en materia penal, en el Estado. Es hijo del prestigiado abogado Mario N. Flores, un hombre formal y serio en sus tratos, que conoce la función de líder titular de la Fiscalía, órgano que conduce la investigación de los delitos y de presentar al órgano jurisdiccional las carpetas para su judicialización, pidiendo las sanciones que establece la legislación para los responsables de conductas punitivas.
Javier cuenta con mi apoyo y confianza. De paso, debo invitar a todos los que fuimos participantes de la convocatoria para seleccionar al ya designado fiscal general a que, en un acto de civilidad profesional y madurez, hagamos público nuestro reconocimiento y conformidad con su designación, dejando atrás los diferentes procedimientos contenciosos o juicios de amparo que hubo por montones. Hoy, Nuevo León ocupa que cerremos filas, dejemos atrás las contiendas y pongamos nuestra confianza y exigencias en este profesional del derecho, a quien le tenemos fe y confianza.
En mi caso, estoy seguro de que Javier hará todo lo que esté a su alcance para mantener esa confianza.
No está en el cargo por que le haga falta algo, pero sí puede darnos mucho de lo que sus capacidades le permiten al servicio de este industrioso estado.
Ojalá los 65 inscritos, independientemente si avanzaron o no, expresen su conformidad con esta designación. Ahora que Javier está al frente, con su experiencia y habilidades, le propongo respetuosamente que reasigne a los elementos operativos al servicio en favor de la ciudadanía, realizando las investigaciones y encontrando a los autores de las conductas que vulneran la seguridad de todos.
Tengo entendido que, del estado de fuerza de elementos ministeriales, aproximadamente la mitad se dedican a cuidar a funcionarios, que a su vez andan armados y en vehículos blindados. Si este estado de fuerza se aplica, muy pronto retirarán de la circulación a aquellos que puedan ser una amenaza para los funcionarios, así como para el resto de la población civil, que no está armada ni cuenta con equipos de protección proporcionados por el Estado.
Estoy seguro de que el abogado Flores activará al personal y, pronto, muy pronto, tendremos mayor tranquilidad, pues está de manifiesto que habrá mayor coordinación entre las instituciones de seguridad de la Federación, el Estado y los municipios. Pronto volveremos a ser una de las metrópolis más seguras.
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