Los recursos no llegan a Nuevo León y al no contar con seguro contra desastres, el gobierno del estado se las ve negras para hacer frente a los desastres a la infraestructura y a diversos sectores de la población afectados por la tormenta Alberto.
Uno de los temas de mayor relevancia en estos momentos para el estado es conseguir recursos para hacer frente a los daños ocasionados por la tormenta, los cuales principalmente se obtendrán de apoyos federales que conforme se vayan integrando las carpetas de daños e inversión se irán desahogando.
Asimismo, las diversas obras que están en curso como las líneas del Metro, túnel en avenida Leones, carretera Interserrana, los pendientes de la presa Libertad, caminos rurales, entre otros, requieren de recursos para continuarlas y no se tiene el presupuesto para este fin.
Entre otras cosas, la causa de la falta de liquidez para hacer frente a los proyectos y compromisos del estado se debe a que el Ejecutivo no presentó el presupuesto completo dos años seguidos, por lo que ha tenido que operar con el presupuesto 2022 y no se han podido plasmar en el presupuesto para los ejercicios 2023 y 2024 los proyectos de infraestructura y obra pública que el gobierno estatal ha iniciado a duras penas.
La pelea constante entre el gobierno estatal y el Congreso local ha generado una crisis política de ingobernabilidad por la que el gobernador Samuel García ha estado impedido para solicitar ampliación de deuda, recursos para la continuación de proyectos de infraestructura, aprobación para hacer uso de diversos fondos y partidas financieras para hacer frente a la declaratoria de emergencia ocasionada por la tormenta, entre otros asuntos prioritarios.
Trabajar aislado de los poderes del estado es una tarea titánica y cuesta arriba para el gobernador, especialmente rumbo al último tramo de su mandato. Esperanzarse a que el gobierno federal de un partido distinto al suyo subsane las carencias financieras se antoja complicado y muy arriesgado, principalmente porque hay varios estados con afectaciones por los fenómenos naturales y grandes proyectos de infraestructura del nuevo gobierno para prácticamente todo el país y que no necesariamente comenzarán en el noreste mexicano.
La composición del Congreso del estado para la siguiente legislatura que será la LVII tampoco beneficiará a la gobernabilidad en Nuevo León ya que la mayoría simple se quedará en manos del PRIAN con prácticamente los mismos actores políticos (diputados y diputadas), de hecho muy probablemente repitan los mismos coordinadores parlamentarios para el PAN y para el PRI.
Si bien es cierto que MC, Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, en su conjunto, incrementarán sus curules para la siguiente legislatura, no son suficientes para lograr la mayoría, lo anterior suponiendo que se aliaran con el gobierno del estado para sacar adelante iniciativas o para parar reformas que requieran mayoría simple.
Para los casos de nuevas leyes, reformas y nombramientos de funcionarios públicos que requieran mayoría calificada (dos terceras partes), lo que se advierte es una guerra aún más encarnizada de la que vivimos en la presente legislatura, que la dejó prácticamente paralizada sin sesionar.
Lo anterior ocurrirá en tanto el juicio político en contra del gobernador sigue su curso y se le suma la sanción que el tribunal electoral le pide al Legislativo Local que realice a Samuel García por delitos electorales cometidos durante la campaña 2024.
Continúa la tormenta, esperamos que pronto llegue la calma.