El país, los estados y los municipios dilapidan cantidades ingentes de dinero de los contribuyentes al abandonar obras por decisión de autoridades veleidosas. Cancelar proyectos útiles y necesarios en quítame allá esas pajas refleja la vena autoritaria de los hombres del poder.
Las motivaciones, por lo regular, son políticas: borrar la huella del predecesor para implantar la propia como si el tiempo no fuera también a desaparecerla. “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Lo razonable es conservar y dar continuidad a lo bien hecho, al margen de fobias y siglas partidistas. Un ejemplo es el periférico Luis Echeverría, obra de un gobernador visionario: Óscar Flores Tapia, como en Nuevo León lo fue su homólogo y contemporáneo Alfonso Martínez Domínguez. Sin esa circunvalación, el tránsito en Saltillo sería más caótico de lo que es ahora.
Dos sexenios después, el gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto construyó el primer paso elevado sobre el periférico de acuerdo con su sentido natural (oriente-poniente). Resistir las presiones políticas, mediáticas y de los grupos de interés para que el proyecto corriera de norte a sur fue lo más sensato.
Pues de lo contrario habría generado conflictos donde no existían, sobre todo en el bulevar Venustiano Carranza. Las administraciones sucesivas, en particular la de Humberto Moreira, convirtieron la vialidad en el principal circuito de la capital. Sin embargo, la falta de presupuesto –derivada de la megadeuda– ha impedido desarrollar ampliaciones e incorporar nuevas rutas para desfogar el tránsito al menos en los sectores críticos.
Dinamitar literalmente obras en funcionamiento resulta todavía más disparatado. Así ocurrió con el Distribuidor Vial Revolución (DVR) de Torreón, inaugurado a bombo y platillo por el gobernador Enrique Martínez y el alcalde Guillermo Anaya el 12 de marzo de 2007.
La inversión por $140 millones de pesos provino del impuesto sobre nóminas. Un par de accidentes en uno de los pasos sobre nivel, algo de presión y mucho celo político provocaron la destrucción de la obra más importante realizada en la metrópoli lagunera. Un peritaje de la Universidad Autónoma de México (UNAM) recomendó corregir el trazo para subsanar el problema.
Sin embargo, Humberto Moreira decidió otra cosa. Tiró el DVR y lo sustituyó por una caricatura. El distribuidor original, más el costo de la demolición y la construcción de uno nuevo dispararon el gasto por encima de $400 millones de pesos. El Metrobús Laguna ejemplifica el abandono de una obra “altamente prioritaria” en la cual se presupuestaron alrededor de $2,800 millones de pesos.
El gobernador Rubén Moreira dio el banderazo en 2016 con la promesa de entregar el sistema de transporte Torreón-Matamoros antes de concluir la administración del presidente Peña Nieto. Siete años después, los trabajos siguen detenidos. El deterioro de la infraestructura sin uso refleja el paso del tiempo y la incuria del gobierno.
En contraste con esos y otros planes fallidos e inconclusos, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en operación la primera etapa del proyecto federal de mayor calado social en Coahuila y Durango, gobernados por el PRI: el Programa Agua Saludable para La Laguna.
El sistema implica una inversión cercana a los $15,000 millones de pesos, de los cuales ya se han ejercido $7,000. Un millón 600,000 habitantes de nueve municipios recibirán agua de calidad después consumirla por décadas con altas concentraciones de arsénico. El tiempo transcurrido entre el inicio del programa y su terminación, en marzo próximo, será de tres años. Los hechos hablan por sí solos. Lo demás es politiquería.