Ayer tuve una intensa discusión con un alto funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR). Este funcionario es buen amigo mío, pero eso no obsta para que entablemos debates de alto calibre.
Me decía este servidor público, de quien omitiré el nombre porque es una fuente de información muy confiable para mí, que en el ranking del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNI), Nuevo León ocupaba niveles significativos.
“Te equivocas” le rebatí. “O, en todo caso, tienes que ponderar algunas variables”. ¿Cuáles son estas? Entonces le comenté las siguientes: cuando nuestro estado se sumió en la peor crisis de inseguridad pública (entre los años 2009 y 2012), la contabilidad de personas desparecidas no se registraba con el nivel de precisión con el que se contabilizan en los años recientes. La tecnología forense, sobre todo en la descodificación de ADN, hace más certeros los conteos actuales.
Pese a lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda tenía tan evidentes los casos de desapariciones forzadas en aquellos años de la segunda mitad del siglo XXI, o dicho de otro modo, eran tan evidentes estos levantamientos, que no era difícil acertar en las cifras, porque eran totalmente explícitas.
Si ahora la curva de desapariciones forzadas se ha desplomado en Nuevo León, a diferencia de otros estados del país donde dicha tendencia se ha incrementado peligrosamente, se debe a que las condiciones de delincuencia organizada (grupos terroristas los considera ahora el gobierno estadounidense) se han agravado en rangos alarmantes en zonas como el Bajío, Guanajuato o Michoacán.
El caso de los centros de reclutamiento y de posible exterminio, como es Teuchitlán, se debe a múltiples factores. El principal, a que no es un caso aislado ni reciente. Estos centros de reclutamiento y de exterminio son más comunes de lo que pensamos, sobre todos en el centro y sur del país.
¿Cómo frenarlo? Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su mañanera una serie de medidas que son un buen principio. Yo las respaldo categóricamente.
Y lo son porque no podemos olvidar que, en el anterior sexenio, una eficaz funcionaria pública llamada Karla Quintana Osuna, a quien yo admiro, fue cesada de su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) el 23 de agosto de 2023, no porque hiciera mal su trabajo, sino porque, irónicamente, lo hizo muy bien. Y eso exponía al gobierno a reconocer que los esfuerzos por bajar los índices de desaparecidos no se estaban alcanzando.
¿Hay diferencias entre aquel entonces y las medidas que está tomando la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, del cielo a la tierra. Pronto veremos los resultados y nos daremos cuenta de que este flagelo de las desapariciones de familiares, que impide dolorosamente a las madres afectadas procesar su duelo (no saber si su hijo o hija está vivo o muerto es un espantoso viacrucis), les permitirá, dentro de ese infierno que no se acaba nunca, vivir al menos resignadas el resto de sus días.
Reitero, como en otros artículos, que el crimen organizado no existe; lo que existe en México es el crimen autorizado. Presiento que estamos en vías de exterminar este gravísimo problema nacional. Ojalá.