Se acaba el año y Nuevo León sin presupuesto

Mientras corren los días de diciembre, el Estado cada vez se aleja más de tener la aprobación del presupuesto, debido a las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Varios temas han detenido la posibilidad de que el Congreso apruebe el Presupuesto 2024 que le envió el Ejecutivo y que, por ley, la Cámara de Diputados del Estado puede modificar de acuerdo con las prioridades del Estado.

El punto central que traba el presupuesto son dos cosas: la primera, la deuda que solicita el Gobierno del Estado en el presupuesto es por 17 mil millones de pesos, que los Diputados se niegan a aprobar; y la segunda, las participaciones municipales que el Congreso incrementó en el proyecto de presupuesto, las cuales el Gobernador se niega a aumentar.

No obstante, este atorón, el Gobernador ha manifestado disposición a negociar, pero los Diputados se muestran escépticos ante esa posibilidad, ya que señalan incumplimientos a los acuerdos realizados entre los dos poderes. Lo anterior se vincula al legítimo reclamo realizado por el alcalde Adrián de la Garza, quien le pide al Ejecutivo que publique el decreto del Congreso que contiene la aprobación de los incrementos de valores catastrales de los municipios.

La tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo ha golpeado principalmente a los municipios, que han visto sus participaciones presupuestales mermadas porque el Estado no ha cumplido con las entregas de ley, lo que impacta en los proyectos, la operación y los servicios municipales.

A nadie le conviene que el presupuesto 2025 no se apruebe, porque eso implicaría que se dejarían de ejercer más de 30 mil millones de pesos derivados del crecimiento en participaciones del Estado, ya que se tendría que ejercer, por ley, el presupuesto inmediato anterior, que para el caso de Nuevo León se remonta al presupuesto 2022, ya que el Gobierno del Estado no presentó presupuesto para los ejercicios 2023 y 2024.

En vilo quedan las negociaciones, que tienen como fecha máxima para la aprobación el 20 de diciembre, fecha en la que cierra, por ley, el periodo legislativo. Veremos si se logra un acuerdo que beneficie a la población, sin dejar de observar los grandes retos que enfrentaremos el año que viene. El Estado tiene, por su parte, que continuar las obras inconclusas de movilidad, la infraestructura proyectada para el Mundial de Fútbol y cumplir los compromisos financieros, por señalar los más relevantes. Por su parte, los municipios requieren presupuesto para su operación y la realización de proyectos de obra municipal que se han detenido por falta de recursos.

Posdata: Hablando de presupuesto, esperamos que, para el 2025, los impuestos verdes se destinen a la mitigación de la mala calidad del aire. Se vale soñar.