1. Durante casi 20 años trabajé en el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis. Cuando impartía talleres sobre sus actividades –que son las mismas de las políticas públicas de un gobierno–, distinguíamos tres: la asistencia, la promoción y la transformación sociales. La primera busca atender problemas concretos, de manera inmediata: ¿una persona tiene hambre?, hay que darle de comer. La segunda, la promoción, va más allá, y tiene qué ver con la educación.
Es clásico el proverbio chino que la define: “Dale un pescado a una persona y comerá hoy…
2. … Enséñale a pescar y comerá toda su vida”. La transformación social es estructural: busca un cambio sistémico en donde ya no haya personas con hambre. Esta distinción demeritaba, de alguna manera, a la asistencia, al punto de que se le conoce habitualmente como asistencialismo. Y es que no resuelve los problemas de manera permanente, sino ocasional, por lo que terminarán repitiéndose una y otra vez. Sin embargo, ante la gravedad de algunos, es preciso solucionarlos en el momento, y después intentar dar los consecuentes saltos cualitativos.
3. Un ejemplo. El joven que, bajo los efectos del alcohol, choca su automóvil contra un muro, y comienza a desangrarse, necesita ser sanado de sus heridas cuanto antes. Ya después se verá con él la necesidad de atender sus excesos etílicos, y si necesita internarse en una clínica especializada. Se le podrán mostrar, en otro momento, las estadísticas mortales de ese tipo de eventos catastróficos, y el riesgo de afectar a personas inocentes. Todavía más: se le puede asustar advirtiéndole que puede ir a la cárcel si lesiona a algún peatón. Por lo pronto: hay que curarlo.
4. Un reto semejante enfrentó en este sexenio la 4T, y me parece que sin éxito. Con frecuencia, en Las Mañaneras se respondía, ante las cifras del incremento notable en asesinatos y crímenes violentos, que el gobierno se ha dedicado a atender las causas: la pobreza y falta de oportunidades con las que lidian a diario nuestros jóvenes, y que les hace presa fácil del crimen organizado. Más allá de si ese proyecto funciona o no –¿se han creado más fuentes de trabajo para ellos en este sexenio–, lo que necesitamos preguntarnos es qué se hace ante los efectos de esas causas.
5. Este pasado martes, cerca de La Concordia, Chiapas, se informó que fueron encontrados 19 cadáveres, según la Secretaría de Seguridad, 20 en declaración de la Fiscalía chiapaneca, víctimas de un enfrentamiento entre grupos criminales rivales. En Palacio Nacional se hizo una descripción pormenorizada de la situación en esa localidad: el nuevo Cártel de Chiapas y Guatemala, compuesto por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recrudeció la violencia en la entidad. Y es que dicho grupo disputa la plaza con el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
6. Los funcionarios, según declaraciones oficiales, conocen a detalle los movimientos de esos delincuentes, quienes tienen controlada la zona, cobran derecho de piso a los comerciantes y de paso a los migrantes, trasladan droga de manera impune. Mandan ¿Y las autoridades? Si tienen información privilegiada: ¿por qué no actúan? En el peor de los casos, por colusión o impotencia. De acuerdo a la versión gubernamental: porque están atendiendo las causas. ¿Y esos efectos? ¿Cuánto tiempo se llevará para que, desapareciendo aquellas, también dejen de existir estos?
7. Cierre icónico. Ocupados en resolver los problemas que nos dejó Alberto –que trajo mucha agua y dejó sin ella a varias colonias de Monterrey–, y en prevenir las posibles consecuencias que nos traerá Beryl, no nos hemos detenido en un dato de suma gravedad: al cierre del primer semestre de este año, Nuevo León ocupó en 48 ocasiones el podio de los crímenes diarios a nivel nacional. Además, en comparación con el primer semestre del año pasado, la violencia aumentó en un 24.8 por ciento. Mientras tanto, los tres poderes del estado siguen en permanente pleito.
No se vale.
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