Una de las iniciativas más controversiales impulsadas por el gobierno federal y que es validada por el equipo de transición presidencial se encuentra en la reforma constitucional para elegir a jueces y magistrados de la corte.
La propuesta establece que el pueblo elija a los servidores públicos quienes aplican la justicia conforme a las leyes. Según el concepto de soberano, el pueblo ya elige a estos servidores públicos.
Partamos de tres premisas: a) el soberano es el pueblo; b) vivimos en un régimen democrático, representativo y de representación proporcional; c) el pueblo es quien puede cambiar las leyes y las formas de implementar el republicanismo.
Considerando las premisas anteriores, existe una interpretación a modo de lo que sería el soberano, la forma de democracia que vivimos como nación y por consiguiente quién debe hacer las leyes.
Para unos momentos se concibe al soberano como el conjunto de los ciudadanos, consultados en una especie de democracia participativa o semidirecta; en otros espacios se acepta que los legisladores federales (senadores y diputados), junto a los legisladores locales, son un congreso constituyente capaz de modificar la Constitución.
Cualquier jurista reconocería que no se pueden utilizar a modo las interpretaciones jurídicas, en todo caso, establecer un punto de partida para un mismo concepto; así entonces, lo primero sería establecer si el soberano es una masa de 100 millones de ciudadanos mexicanos, una de 130 millones de personas mexicanas o en su caso los ciudadanos y los habitantes menores de edad están representados por un cuerpo plural llamado por Legislativo.
Para justificar e intentar legitimar la reforma en la cual se pretende la elección directa de jueces y magistrados por parte de los ciudadanos mediante una elección en las urnas; los impulsores de la iniciativa afirman encuestar al pueblo para preguntar si eso es lo que quieren.
Hay un vicio de origen, quienes deben preguntar a sus representados son los legisladores, cada uno en su territorio electoral; no otro poder u organismo. A esto agregue que el soberano ya está considerado en la representación del Congreso de la Unión.
Existe una manipulación pues se usurpa la función del legislador al pretender una consulta directa al pueblo cuando vivimos en un régimen representativo; peor aún, es ilegal e ilegítima si esa consulta no se realiza por los cauces institucionalizados en la legislación sobre la participación ciudadana y democracia participativa vigentes.
Si se pretende cambiar la Constitución se debe respetar la Constitución vigente; es decir, respetar al pueblo quien es el soberano y ya se encuentra representado en el Poder Legislativo; sin pretender ser ingenuo, en el momento actual con mayoría que convierte en poder hegemónico al partido oficial, el Poder Legislativo podría aprobar lo que le ordene el jefe.
La encuesta dice que el pueblo en mayoría quiere elegir al Poder Judicial, pero además el Poder Legislativo es mayoría del partido en gobierno, por tanto, la encuesta es una simulación.
El pueblo en su calidad de soberano puede decidir en voz de sus legisladores; el problema grave es que se mezclen a conveniencia momentos de democracia representativa y momentos de democracia directa. Si se quiere hacer así, entonces lo primero es aplicar una consulta popular mediante los mecanismos formales.
En congruencia debería votar el pueblo en las urnas, mediante democracia directa, las reformas constitucionales y que no sea el Congreso de la Unión quien decida.