En 2001, como director de Análisis Político en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se me pidió contribuir al diseño de una plataforma oficial para recolectar datos biométricos (huellas dactilares y fotografías) de migrantes que ingresaban o salían del país. Esta base de datos, plenamente legal, pasó a formar parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
Nuestra plataforma, que fue pionera en su ramo, la ampliamos a la Secretaría de Seguridad Pública (hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), que comenzó a identificar a los detenidos, cruzando sus datos con el llamado Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).
De esa misma plataforma se basó el Registro Nacional de Población (Renapo) para crear la Clave Única de Registro de Población (CURP). Primero se levantaban datos biométricos y, después, se añadieron huellas y fotografía.
Fuimos pioneros en este tipo de plataformas, que culminó en un decreto para reformar la Ley General de Población (2018). Así, Renapo recabaría datos biométricos para la emisión de una Cédula Única de Identidad.
Ya para aquellos años, las bases de datos biométricos de las empresas tecnológicas superaban con creces a las plataformas gubernamentales mexicanas, con software más avanzado de huellas, reconocimiento facial y de iris que los que usaba, por ejemplo, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este padrón en 2022 porque violaba los derechos de privacidad, pero eso no impidió que en 2023 se formara el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) para todos los registros civiles del país.
Ahora, se ha levantado un escándalo por la iniciativa que se presentó ante el Senado hace una semana para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y convertir la CURP en un documento de identidad digital obligatorio, al mando de la SEGOB bajo su titular Rosa Icela Rodríguez y gestionada por la recién creada Agencia de Transformación Digital (ATDT), que encabeza el experto tecnólogo José Antonio Peña Merino, mejor conocido como “Pepe” Merino, muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Realmente con estos datos se facilitará la búsqueda de personas desaparecidas, un problema gravísimo en México? Sí. No tengo la menor duda, sobre todo ahora que salió a la luz pública el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán.
¿Está expuesta esta plataforma a ser hackeada? Sin duda alguna. Es más: ha sucedido varias veces. Ni modo. Así pasa aquí y en China. No hay forma de salvarse del eventual hackeo. Aquí, el que no cae resbala y se aprende sobre la marcha.
Luego se levantó un escándalo peor cuando la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem, le pidió (¿exigió?) al gobierno mexicano compartir datos biométricos en temas migratorios y de seguridad. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pegaron el grito en el cielo en relación con esta solicitud extraoficial del gobierno norteamericano.
Pero vamos a ver: ¿de verdad crees que el gobierno gringo no cuenta ya con esta base de datos? ¿Recuerdas quiénes estuvieron en primera fila en la toma de protesta en el Capitolio del presidente Donald Trump? En efecto, “las Siete Magníficas”, es decir, los dueños de las siete tecnológicas más poderosas del mundo, con acceso a la base de datos biométricos más voluminosa que pudiera tener cualquier gobierno del planeta.
Pero incluso estas “Siete Magníficas” han sido blanco de ataques cibernéticos y filtraciones de datos que terminan vendiéndose en el mercado negro.
¿Qué debemos hacer en Nuevo León sobre este asunto? Por un lado, aprovechar estas plataformas para ofrecer servicios público-privados más eficiente en temas de seguridad pública y, sobre todo, de salud. No olvides que en nuestro estado tenemos cobertura universal de servicios médicos. Sin embargo, una red de atención médica personalizada para los nuevoleoneses, aunque está muy avanzada, todavía requiere de más grados de especialización. Y, por otro lado, contamos en el ámbito universitario nuevoleonés, sobre todo con instituciones como la UANL y el ITESM, para implementar mecanismos de autenticación robustos (como cifrado AES-256) y auditorías independientes que garanticen la seguridad de este manejo de datos digitales, al menos de los habitantes de Nuevo León. No hay manera de escapar de este manejo de información de datos privados; lo único que nos corresponde hacer es cuidar que se gestione con responsabilidad y sin abusos de poder.