El Poder Judicial federal está en el ojo del huracán. Pero en Nuevo León también hay interrogantes que se levantan en torno al Tribunal Superior de Justicia.
Todo porque según algunos medios y fuentes informativas, dos magistrados de Nuevo León renunciaron a sus encargos (con carácter irrevocable y por “motivos personales”) a escasos meses de concluir sus respectivos periodos, para que el Congreso local los sustituya.
¿Cuál es el problema aquí? Que la bancada, básicamente del PRI y del PAN no nombrarán a sus sustitutos (como lo indica el procedimiento normal) para que terminen el plazo de los renunciantes.
En vez de eso, los diputados locales elegirán a partir de dos ternas, a quienes ocupen la vacante de los renunciantes a fin de que comiencen un nuevo periodo cuyo termino será dentro de 10 años.
Se dice a sotto voce que con la elección de los nuevos magistrados provienen de la misma cantera de intereses creados, un grupo político que intenta afianzar su injerencia transexenal.
Habría que preguntarles su opinión al respecto a abogados bien enterados de este tipo de casos, como el licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, así como al licenciado Alan Pabel Obando Salas, su opinión como partes actuantes de este poder constitucional.
De hecho, se especula sobre un presunto caso de nepotismo de Antonio Gutiérrez, como sucede con su cuñada Marcela Cecilia García Valladares, hermana de Liliana García Valladares, quien asumió el cargo de coordinadora del Instituto de la Judicatura.
En todo caso, al margen de la revisión de que estos trascendidos carguen el peso suficiente para ameritar ser escrutados y analizados, sí urge dejar claro que el Poder Judicial de Nuevo León no podría ser agencia de colocación de parientes, amigos y compadres como sucede en poderes judiciales de otros estados.
Por ejemplo, ocurren abusos deleznables como los del gobernador de Guanajuato que nombró a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa cuando es esposa del Fiscal de Justicia de Guanajuato.
Por otra lado, en Chihuahua una jueza local operó irregularmente a ojos vistas para que el exprocesado exgobernador César Duarte continuara su juicio en libertad. Se sabe que esta jueza tiene una relación de amistad expresa con Maru Campos y hay parentesco con el propio César Duarte.
Casos como el de Guanajuato y Chihuahua, entre muchos otros, se repiten en casi todas las entidades federativas. Por eso, no nos extraña que el 75% de la población en México no tenga una buena impresión del sistema de administración de justicia, según las tres recientes encuestas que pidió levantar Claudia Sheinbaum.
¿Quién la lleva en esta marea de lodo de descrédito del Poder Judicial? Los juzgadores que sí son serios, comprometidos y que acumulan maestrías, doctorados y cursos de capacitación para estar al día en su delicado desempeño y se entregan con vocación a la alta función de juzgar imparcialmente.
Yo no estoy de acuerdo con que los ministros, magistrados y jueces sean electos por votación popular. La democracia directa no sirve para impartir justicia. Me suena más a revancha personal de López Obrador. La propia exministra Olga Sánchez Cordero tiene sus reservas sobre el tema y hay declaraciones antiguas de Arturo Saldívar diciendo que no compartía esa propuesta.
Creo que cuando la persona juzgadora emite una sentencia, ejerce de por sí la representación expresa del pueblo y la soberanía nacional, idea que comparte el consejero de la Judicatura federal, Bernardo Bátiz Vázquez.
Sin embargo, exigimos una reforma de fondo, y no cosmética, a todos los poderes judiciales de los 32 estados. De nada sirve que se reforme el Poder Judicial federal si no cambian los poderes judiciales estatales.
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