Desde hace dos décadas, Nuevo León vive atrapado en una crisis de movilidad que no solo ha afectado la calidad de vida de sus habitantes, sino que también ha mermado su competitividad económica. Este problema ha empeorado en los últimos dos años de manera evidente, culminando en el peor servicio para los usuarios, con anuncios de incrementos bestiales a las tarifas.
Pero esta crisis, lejos de ser nueva, es una deuda acumulada por administraciones estatales que, una tras otra, han fallado en ofrecer soluciones reales y efectivas.
Primero fue la entrega del sistema de transporte a los sindicatos, una decisión que fracasó rotundamente. Luego, se trasladó la operación a empresarios privados, con idéntico resultado. Y, más recientemente, el gobierno de Samuel García intentó centralizar la operación del transporte público bajo el control estatal, pero, nuevamente, los resultados han dejado mucho que desear.
En este contexto, se da el aumento a las tarifas del transporte público: ante la incompetencia estatal, se le traslada el costo a los nuevoleoneses. Aprobar un incremento a 17 pesos, con un deslizamiento mensual, como lo decidió el Consejo Consultivo del Transporte, no resolverá la profunda crisis en la que nos encontramos, sino que la empeorará, y representa un claro incumplimiento de las promesas de campaña del gobernador Samuel García.
Durante su campaña, Samuel García prometió no aumentar las tarifas y mejorar la calidad del servicio.
Hoy tenemos todo lo contrario.
Uno de los errores más graves que han perpetuado esta crisis ha sido la dependencia de vehículos adquiridos en el extranjero, como los camiones coreanos y chinos. Aunque inicialmente parecieron una solución viable, estos vehículos se han convertido en un obstáculo debido a sus altos costos y la dificultad para encontrar refacciones. Esto encarece su mantenimiento y deja al sistema de transporte vulnerable a interrupciones.
La solución debe partir de un enfoque local. Nuevo León tiene la capacidad industrial y tecnológica para producir los vehículos que necesita su sistema de transporte. Apostar por proveedores locales no solo reducirá costos y facilitará el mantenimiento, sino que también impulsará la economía estatal, generando empleos y fortaleciendo nuestras capacidades productivas.
Asimismo, es necesario replantear la operación del sistema. Los empresarios del ramo, en coordinación con el gobierno estatal, deben asumir un papel protagónico en la administración del transporte público.
Este modelo puede ser exitoso si se establece bajo un marco de transparencia, supervisión ciudadana y un compromiso real con la eficiencia y el servicio.
El transporte público debe ser entendido como una herramienta estratégica de competitividad. Un sistema eficiente reduce los tiempos de traslado, mejora la calidad de vida y estimula la productividad económica al facilitar el acceso a oportunidades laborales y educativas.
Como senador de Nuevo León, pero, sobre todo, como ciudadano, rechazo tajantemente este incremento tarifario. Las y los nuevoleoneses merecen un transporte digno y eficiente con un gobierno que no responde a sus necesidades. Desde el Senado, haré un extrañamiento público para solicitar al
Estado información sobre la situación real del transporte público: desde el reporte detallado del estado de los camiones, la inversión realizada, el estatus actual de las rutas y las consideraciones del porqué del incremento.
Desde donde pueda, seguiré luchando para que se respeten los derechos ciudadanos y para que las promesas de campaña no queden solo en palabras vacías.
Es hora de que Nuevo León deje de estar sumido en la parálisis y comience a construir un sistema de movilidad a la altura de su potencial. No más promesas incumplidas, no más excusas. La movilidad debe ser una prioridad y una realidad tangible para todos los nuevoleoneses.