A todos los jueces, magistrados y ministros, en especial al ministro Alberto Pérez Dayán
El juez es un héroe social.
¿Qué se requiere para que un simple mortal, alguien que peina y calza como cualquier otro, enfrente, a los ojos, pupila a pupila, el mirar de un asesino? ¿De un miembro del crimen organizado? Y salga a recoger a sus hijos y/o nietos a la escuela, o se pasee en los pasillos de una tienda, en la calle o en el mercado, como cualquier ciudadano, a sabiendas de estar en la mira de homicidas, secuestradores, narco traficantes y diversos delincuentes, a quienes ha mandado por años o décadas a la cárcel? Un riesgo, actualmente incrementado, por la presencia de los juicios orales en todo el país.
¿Quién elige ser juez? ¿Colocarse por encima de sus cociudadanos y juzgarlos, cuando puede ejercer su profesión de abogado en empresas y despachos corporativos, especializados en diferentes ramas del derecho relacionadas con actividades laborales, mercantiles, fiscales o autorales? Obviamente, la respuesta variará en cada caso, pero se puede afirmar en general, tratándose de magistrados y ministros arriba de 40 años de edad y más de 10 de ejercitar la magistratura, que su actividad responde a una profunda y admirable vocación.
La función del juez (función jurisdiccional) no es una actividad meramente técnica, como sería aplicar la ley a cierta conducta delictiva, bajar una palanca y arrojar una sentencia. Es actualmente, en razón de diversos factores culturales, económicos y sociales, una función compleja. Un factor reciente a tomarse en cuenta es el político.
La resolución de conflictos es un servicio público principal, a cargo del Estado. El juez no es ni debe ser un operador de cuarto oscuro y puerta cerrada. Es un ser inmerso en la sociedad, a la que sirve desempeñando una función trascendental para la presencia del Estado de Derecho del que forma parte esencial. Su actividad merece nuestro respeto y admiración, sin dejar de reconocer la existencia de jueces corruptos. Después de 50 años de ejercicio profesional como jurista, puedo afirmar que la corrupción es excepción que confirma la regla. Dice el viejo aforismo latino: “advocati nascuntur, indices fiunt” (los abogados nacen, los jueces se hacen)
El título de esta Hormiga lo tomé en parte del libro escrito por Piero Calamandrei (Florencia, 1999) titulado Elogio de los Jueces, Escrito por un Abogado, respetado jurista postulante y escritor italiano, a quien le tocó vivir una época excepcional, con cierta similitud a lo que nos puede ocurrir en México si se llegara a aprobar la reforma judicial enviada por nuestro Presidente al Congreso, el lunes de esta semana. Dicha época excepcional la identifica como sigue: “Nosotros hemos tenido la suerte (si así puede llamarse) de ser testigos oculares de dos cambios de régimen: de la monarquía constitucional a la dictadura [el facismo de Mussolini] y de la dictadura a la república democrática. Estamos, pues, en condiciones de apreciar cómo se ha portado la magistratura en estas crisis, y si estos cambios, han pesado sobre la independencia de los jueces.
Continúa al referirse a los tiempos de la dictadura en Italia: “… aparecían de la sombra modestos profesionales provincianos… y se convertían, en Roma, de repente, en abogados famosos, codiciados por los clientes: hermanos o cuñados o primos del nuevo ministro… no redactaban los escritos, porque no sabían redactar; en la sala no hablaban, porque no sabían hablar y si, para desgracia de su cliente, hacían uso de la palabra, brotaban de su boca en pocos instantes tales necedades, que su compañero de defensa tenía que intervenir para remediar en lo posible sus errores. El papel que tenían que desempeñar era otro: debían presentarse en la sala con toda solemnidad y, antes de sentarse en su banca, saludar a los jueces a la manera fascista, mirándolos de uno en uno, fieramente”.
Lo anterior retrata lo que nos puede llegar a suceder, de aprobarse la referida reforma judicial y en parte las primeras y penosas intervenciones de la ministra Lenia Batres Guadarrama, abogada que está muy lejos de ocupar un cargo para el cual fue designada por el Ejecutivo Federal, y a kilómetros de distancia de quien debe tener no sólo prestigio sino independencia, pues proviene de un puesto como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Es decir, que antes de su nombramiento, trabajaba bajo la subordinación y dependencia de AMLO, inclusive, como asesora en la época en la cual su patrón fue jefe de gobierno de la CDMX. Es clara la cercana relación que los identifica.
Lo anterior también es aplicable, con distinto historial, a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ya que se trata de personas ligadas al Ejecutivo. Ambas rompen la indispensable autonomía e independencia que debe tener el Poder Judicial para la democracia, exigente de la separación y el balance de los poderes, donde ninguno debe prevalecer sobre los otros, tal como lo dispone el Art. 49 constitucional vigente.
Si queremos avanzar, requerimos evitar el deterioro del Poder Judicial, que se planea con la reforma judicial constitucional de AMLO, lo cual se ha iniciado con los recientes nombramientos de tres ministras de la Suprema Corte de Justicia, subordinadas al Ejecutivo. Si queremos avanzar y acercarnos a lograr un Estado de Derecho, debemos mantener la autonomía e independencia del Poder Judicial, así como respetar y admirar a nuestros jueces, entre los cuales destaca el ministro Alberto Pérez Dayán, quien hace cuatro días afirmó en Querétaro, al referirse a los tres Poderes de la Unión: “… ninguno es más democrático que otro”.