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Opinión

El dinero es para el pueblo

Presente y futuro

Dentro de los principios básicos que nos rigen como movimiento y como gobierno, quienes tenemos la enorme responsabilidad de ejercer un servicio público, como su nombre lo indica, es porque nos debemos al pueblo y, para ello, tenemos que trabajar sin importar agendas personales o intereses individuales o de grupo.

“Por el bien de todos, primero los pobres” es el legado que nos dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha adoptado como una forma de continuar con la transformación del país. Más allá de un lema publicitario, es una forma de concebir las políticas públicas, incluyendo la distribución de los recursos y el dinero, que son para el pueblo.

Quizás esta premisa de gobierno justo y democrático es lo que, en algunos sectores, no termina de entenderse y, por consiguiente, no logran captar la esencia del humanismo mexicano con la que se construye el segundo piso de la transformación.

Cambiar varias decenas de años de gobiernos con un modelo que favorecía solo a unos cuantos, por supuesto, ha traído resistencias al cambio. Aun cuando el expresidente López Obrador vino a romper esos paradigmas y a mostrar una nueva forma de política social, hay quienes siguen resistiéndose y suponen que siguen vigentes esquemas ya superados.

Los recursos públicos, el dinero del pueblo, deben llegar al beneficio del pueblo; es así de simple.
Independientemente de si el origen es de recaudación federal, estatal o municipal, o de donde vengan las participaciones, lo que debe dominar al momento de tomar decisiones sobre la distribución de los presupuestos es que los recursos lleguen a los programas y las obras prioritarias para el pueblo.

Condicionar el uso de recursos a negociaciones de grupos sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de la gente, es similar a querer repartirse entre unos y otros el dinero como si fuera un botín de reparto para los amigos.

Esperamos que, hacia 2025, en todos los sentidos, cualquier peso de origen público que se ejerza en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios, tenga en cuenta las necesidades inmediatas de los ciudadanos, despojándose de filias y fobias políticas o de luchas entre grupos.

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