¿Qué dirán ahora, si es que se atreven a hablar, quienes en 2015 fustigaron y provocaron que se viniera abajo el proyecto ‘Monterrey VI’, mismo que hoy, mal que bien, hubiera salvado a Nuevo León de su crisis hídrica?
Y más en estas fechas, cuando la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hablado de la posibilidad de rescatar dicho proyecto, que ahora costaría unos $100 mil millones de pesos —y ya no $57 mil, que costaba en ese entonces con todo y un largo financiamiento —.
Y más cuando también lo ven muy necesario los gobernadores de Nuevo León y de Tamaulipas, y, curiosamente, hoy ya no hay IP que se le oponga.
Ah, pero hace diez años, cuando se presentó, por parte del gobernador Rodrigo Medina, el proyecto —ya con planos ejecutivos— para construir un acueducto que trajera agua a Nuevo León desde el río Pánuco, aprovechando la valiosa concesión que el estado tiene, hubo varias voces que se desgarraron las vestiduras.
Hoy, que Nuevo León ya vivió lo que es quedarse sin agua suficiente para subsistir, y padecer cortes y baja presión durante prácticamente todo el año 2022, y cuando muy apenas nos hemos recuperado gracias a un huracán extraordinario como fue Alberto, vaya que conviene recordar quiénes fueron los que destruyeron ese importante —y que a la postre luce como indispensable— proyecto, así como sus probables motivaciones.
Las dos voces que criticaron y combatieron más aguerridamente el proyecto de un acueducto al Pánuco fueron un político, por un lado, y un empresario, por el otro: Fernando Elizondo Barragán y Eugenio Clariond Reyes-Retana.
Elizondo Barragán, ya siendo ex panista y entonces candidato de MC al gobierno de Nuevo León, armó toda una campaña para denunciar lo que llamaba “el robo del siglo”, refiriéndose al esquema de financiamiento del acueducto, debido a que la licitación la había ganado Grupo Higa, empresa considerada cercana al presidente Enrique Peña Nieto.
Pero para Elizondo, el problema no sólo era el financiamiento, sino que también consideraba que no era necesaria la obra, pese a que numerosos especialistas, incluyendo un estudio del Tec, apuntaban a que le quedaban pocos años a la cuenca de agua estatal para ya no poder cubrir la demanda de una población creciente.
Increíblemente, Fernando Elizondo declaró que la falta de agua era “un mito”, que la obra era innecesaria y que “afectaría la ecología”, y la tachó de “capricho”.
“No se necesita un proyecto de estas dimensiones, ni una fuente alternativa de agua... se desperdicia mucha agua”, manifestaba el entonces candidato Elizondo.
Cuando, en marzo de 2015, el gobierno de Medina desfogó presas ante un período de lluvias, Elizondo dijo que ahí estaba la prueba de que no se necesitaban acueductos, y hasta llamó a esas lluvias “un mensaje divino”.
“Yo lo veo casi como un mensaje divino, cada vez que nos dicen que nos va a faltar, nos mandan más agua del cielo y más y más, como diciendo: ‘A ver si ya se convencen de que no se necesita más agua’. Yo he estudiado el tema desde el punto de vista técnico y estoy convencido de que es un proyecto innecesario, mal sustentado y opaco”, declaró.
Elizondo basó buena parte de su campaña en la denuncia contra el Monterrey VI, y aunque sus posibilidades electorales nunca crecieron lo suficiente, terminó uniéndose a Jaime Rodríguez Calderón y lo convenció de tumbar el proyecto.
Por su parte, el empresario Eugenio Clariond Reyes-Retana también echó pestes del proyecto, y lo hizo como presidente del Fondo Metropolitano del Agua (FMA), argumentando que contaban con un estudio realizado en EUA por ‘The Nature Conservancy’, afirmando que se trataba de “un tubo que no necesitamos”.
No importó que muchos expertos en hidrología calificaran al proyecto entonces —y también lo hacen ahora— como la única alternativa viable para garantizar el abasto a largo plazo del vital líquido en Nuevo León.
Hay voces que afirman que detrás de las empresas —y los organismos dizque ciudadanos, financiados por empresas nuevoleonesas— que se opusieron al Monterrey VI, estaba la intención de una gigante industria nuevoleonesa de venderle agua al Estado, la cual estaba encontrando en sus proyectos de fracking, asociados a su actividad de obtención de gas y su ramo de petroquímica.
Lo cierto es que, el 4 de febrero de 2015, Eugenio Clariond puntualizó: “No necesitamos esa agua, no al menos en el futuro previsible... sería una inversión nefasta”.
Así las cosas, en mayo de 2017, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón terminó por enterrar el proyecto del acueducto al Pánuco —y con esto él se vuelve el principal responsable de este hecho—, y optó por edificar la Presa Libertad, que, si bien puede ayudar a conservar más agua, está lejos de resolver el problema, pues lidia con la misma cantidad de agua que pueda haber en la cuenca. O sea, si no llueve, de nada sirve tener otra presa.
El proyecto original, sin financiamiento, costaba $14 mil millones de pesos (el resto eran los intereses al final de un plazo de 30 años).
Hoy se habla de $100 mil millones y la necesidad del proyecto revive, porque no se ha encontrado ninguna otra mejor solución para dotar a Nuevo León de agua de forma segura, continua y duradera.
¿Qué nos tienen que decir hoy quienes, por motivos políticos y económicos, descarrilaron un proyecto que hoy nos salvaría de la sequía?