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Opinión

Una reforma que termina con los privilegios

Presente y futuro

Presente y Futuro

Este lunes, mientras discutíamos en la Cámara de Diputados sobre las reservas con el objetivo de modificar el dictamen que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, tuvimos la oportunidad de continuar exponiendo los argumentos a favor de terminar con los privilegios de unos cuantos y de democratizar las instituciones judiciales de México.

Mientras la oposición usaba sus turnos en la tribuna para continuar con los argumentos que han repetido sin cansancio para tratar de confundir y de politizar con tintes partidistas la reforma al Poder Judicial, igual que el proceso de insaculación que el sábado se llevó a cabo en el Senado, desde la bancada de Morena y aliados hemos preferido informar por diversas vías lo que en realidad está pasando.

Aplaudimos que en la mañanera del pueblo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo haya decidido que se explicara el proceso que se llevó a cabo en el Senado de la República para las elecciones de jueces, magistrados y ministros que serán votados en 2025 y 2027.

“La reforma al Poder Judicial busca erradicar la corrupción y los privilegios”, puntualizó en sus redes sociales la Presidenta de México al respecto de este debate de la opinión pública. Igual que la semana pasada, apuntó sobre el tema: “Que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón: porque es una decisión del pueblo de México”, enfatizó la presidenta.

Mientras algunos partidos políticos y su comentocracia quisieron magnificar el tema de las contradicciones en la reforma, la realidad es que, dentro de lo que se aprobó en el Congreso, las leyes posteriores derogan todo efecto de las leyes anteriores, a pesar de que nuevamente algunos grupos quisieron hacer una cortina de humo alrededor de una Constitución reformada para beneficio del pueblo.

Como lo dijimos en las asambleas y en diferentes foros antes de aprobar la reforma, sus objetivos y el espíritu constitucional están muy claros: Terminar con los graves temas de corrupción que existen en las instituciones judiciales, acabar con los privilegios que unos cuantos ostentan en el poder judicial, construir un sistema de acceso universal real y equitativo de justicia para todos, además, por supuesto, de democratizarlo.

El proceso para que jueces y magistrados sean elegidos por la población ya está en movimiento y, como dice la presidenta Sheinbaum, no hay marcha atrás.

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