Nuevo León se enfrenta a una crisis de seguridad que pone en vilo no sólo la tranquilidad de sus habitantes, sino también las bases mismas de su desarrollo y prosperidad. La seguridad, pilar fundamental de cualquier sociedad, se ha visto gravemente descuidada, alcanzando niveles de violencia y crimen que no se vivían desde hace años.
Es evidente que sin seguridad no hay nada. La tranquilidad de los ciudadanos y la certeza de que sus derechos y bienes están protegidos son condiciones indispensables para el desarrollo y bienestar de cualquier entidad. En Nuevo León, hemos sido testigos de cómo la desatención a este ámbito crucial ha desencadenado una ola de inseguridad.
En lugar de desgastar energías y tiempo en asuntos que, comparativamente, resultan irrelevantes, es imperativo que las autoridades estatales tomen con la seriedad debida la agenda de seguridad. La población neoleonesa merece y demanda soluciones efectivas y prontas que restauren la paz y el orden en cada rincón del estado.
La tarea no es sencilla. Requiere de un compromiso sólido por parte del gobierno estatal, que debería dedicar todas sus energías y recursos en formular e implementar estrategias integrales de seguridad. Cada minuto que se pierde en indecisiones y en politización de la seguridad es un minuto en que la ciudadanía sufre.
La seguridad jamás se debe politizar. No se trata de un instrumento para ganar elecciones o para desacreditar a oponentes políticos. Se trata de un derecho fundamental de todos los ciudadanos que debe ser garantizado sin importar el color del partido en el gobierno.
Nuevo León ha sido, y puede seguir siendo, un referente de desarrollo y progreso en México. Pero para lograrlo, es esencial colocar la seguridad como prioridad en la agenda gubernamental. Sólo así podremos construir un estado fuerte, seguro y próspero, en el que cada ciudadano pueda vivir con la tranquilidad y la libertad que merece.
Es tiempo de actuar, es tiempo de dar resultados en seguridad. La ciudadanía no merece menos. Los ciudadanos deben tener la certeza de que cada acción del gobierno en materia de seguridad responde a los intereses de la sociedad y no a agendas políticas particulares.
En este contexto, es crucial que se implementen políticas públicas integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias de la inseguridad. La prevención del delito, la rehabilitación y reinserción de los infractores, así como la atención a las víctimas, deben ser ejes fundamentales de cualquier estrategia de seguridad.
La sociedad neoleonesa no puede permitirse el lujo de la inacción. Cada día que pasa sin soluciones concretas y efectivas es un día perdido para la reconstrucción de la seguridad en el estado. Es hora de que Nuevo León retome el camino del progreso y demuestre que, con unidad, esfuerzo y compromiso, es posible construir un entorno seguro y justo para todos sus habitantes.
Una de las obligaciones más importantes de cualquier gobierno estatal es precisamente garantizar que la ciudadanía se sienta segura, por lo que la acción o inacción equivale a la voluntad política o en su caso a la falta de la misma por parte del gobierno en turno, y en cualquiera de los casos es la misma ciudadanía la que juzga su actuar. Ojalá que no se les olvide el poder de los ciudadanos, que sí tienen buena memoria.