En parte, la corrupción acredita al Poder Judicial, pero debemos diferenciar las formas y tipos de ilegalidad. El origen de las irregularidades está en la necesidad de interpretar las leyes por parte de los diferentes poderes.
El poder judicial tiene corrupción administrativa, esto se observa en la predominación del nepotismo y en la mala impartición de justicia. Sobre esta forma de irregularidad, no siempre son culpables los miembros del poder judicial, llámense jueces, magistrados o ministros de la Corte, pues deben “interpretar” las leyes y la misma Constitución.
La corrupción surgida por la “interpretación” de las leyes es la que más mancha al Poder Judicial y, por tanto, afecta al pueblo; de ésta, los responsables se encuentran en el poder legislativo.
Veamos ejemplos: en materia electoral es impensable que un mismo acto, denunciado con las mismas pruebas, alegatos y elementos dentro del litigio, tenga diferentes interpretaciones, tanto que algunas terminan siendo resolutivas, alejadas de la legalidad y contradictorias entre los niveles de autoridad.
La razón de esto se encuentra en los textos constitucionales y en las leyes secundarias; al ser redacciones ambiguas, opacas, imprecisas, farragosas o contradictorias se presenta la necesidad de “interpretar” lo que algún texto legal pretende decir.
Recordemos la elección de 2023-2024: casi todos los partidos políticos violaron la Constitución y el texto legislativo electoral. En una “interpretación” turbia, la autoridad electoral determinó que los meses de precampaña anticipada y los millones de pesos ejercidos no eran ilegales. La “interpretación” provocó la percepción de corrupción ante una actividad ilícita que fue legalizada.
Si entendemos que, por corrupción en el poder judicial, muchas de las decisiones son contradictorias o simplemente están alejadas del sentido común que emite este poder, entonces el origen de toda la corrupción está en el poder legislativo, en las leyes aprobadas por los diputados, y es ahí donde deberíamos centrar el interés.
Las personas estamos obligadas a cumplir la ley; el desconocimiento de ella no nos exime de responsabilidades. Así, en un pueblo donde más del 14 por ciento no tiene educación básica concluida, otro 60 por ciento apenas tiene estudios medios, y muchos de los egresados de educación superior tienen un grado de comprensión lectora deficiente, estamos frente a una contradicción peligrosa.
Los ciudadanos no comprendemos las leyes o, peor aún, no las conocemos. Las leyes no cumplen con dos principios básicos: surgir con base en la justicia y ser comprensibles para la población donde tendrán efecto.
Pueblo sin formación para comprender los textos, leyes fuera de la lógica de lo que sería el bien común en una sociedad y leyes ambiguas o confusas. Tenemos la tormenta perfecta para la corrupción. En su ámbito de impacto, los diversos poderes pueden interpretar las leyes a conveniencia, y esto es fertilizante para la corrupción.
¿Es legal exigir a los ciudadanos que cumplan con las leyes, cuando en su mayoría, son dispersas o contradictorias? ¿Cómo ser culpable de violar una ley cuando ésta debe ser “interpretada” por lo más selecto de los expertos juristas?
La reforma al Poder Judicial no resuelve la corrupción en la administración e impartición de justicia. Estamos colocando pintura sobre la grieta en la pared de la casa.
El mal se ataca de raíz, y ésta es profunda en el poder legislativo, con sus vicios al momento de hacer reformas y leyes en México.