Esta semana, en el Senado de la República, aprobamos una reforma crucial en materia de amparo a reformas constitucionales, que establece la supremacía de la soberanía popular. Como era de esperarse, la oposición se lanzó en un aluvión de críticas, mostrando, una vez más, que están moralmente derrotados.
En lugar de abordar el fondo del asunto, se dedicaron a clamar que esta reforma nos conduce a un régimen autoritario, ignorando convenientemente que lo que discutimos es precisamente lo que ya establece la Ley de Amparo.
El artículo 61, fracción I, de dicha ley señala claramente que “el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Esta ley fue expedida en 2013 y aprobada ¡por unanimidad! por el Senado de la República, cuando los partidos tenían mayoría. Resulta preocupante e inquietante, aunque no sorprende, ver cómo el PRI y el PAN, que hace apenas once años respaldaron esta reforma, ahora se contradicen al cuestionarla.
¿Por qué es necesaria la reforma presentada actualmente?
En primer lugar, esta iniciativa preserva la jerarquía normativa y reafirma que la Constitución es la norma suprema, sin posibilidad de ser controvertida por otros poderes. Este es un aspecto fundamental, dado que hemos presenciado, en repetidas ocasiones, cómo el Poder Judicial intenta colocarse por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ambos legitimados por el voto popular.
Aunque el Poder Judicial tiene la facultad de interpretar el marco constitucional, esa capacidad no le otorga el derecho a reformar lo que ha sido aprobado por el Constituyente Permanente: 500 diputados federales, 128 senadores y al menos 17 congresos estatales.
El objetivo de esta reforma es claro: generar una protección robusta para que las reformas a la Constitución tengan vigencia plena. Es esencial que estas reformas no sean objeto de controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos que busquen frenar su entrada en vigor o aplicación. Hemos visto, en el contexto de la Reforma al Poder Judicial, cómo algunos actores han impulsado iniciativas que responden a intereses particulares y no a la voluntad democrática, como sí lo hacen el Congreso y las legislaturas locales.
Como senador de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, reafirmo mi compromiso de apoyar y promover reformas que aseguren que la justicia llegue a todos los rincones del país. Ningún individuo o institución está por encima del interés y la voluntad del pueblo. La reforma aprobada es un paso hacia la consolidación de una verdadera democracia, donde se respete el lugar que corresponde a los representantes populares y se limite el poder de una minoría.
Es momento de devolverle al pueblo su voz y a sus representantes el espacio que les corresponde en la toma de decisiones. La democracia no es un mero concepto; es una práctica diaria que debe vivirse en cada rincón de nuestro país. La soberanía popular debe ser la guía en nuestro camino hacia un México más justo y equitativo. En este contexto, la reforma no solo es necesaria, sino urgente. Solo así podremos avanzar hacia una nación donde la voluntad del pueblo prevalezca sobre cualquier interés personal o corporativo.
Lo dije en el Senado y lo reafirmo en este espacio: es momento de acotar el poder de las togas y devolverle al pueblo y a los representantes populares el lugar que se merecen en una verdadera democracia.