La seguridad ciudadana es, sin lugar a duda, una de las mayores preocupaciones para nuestro país en este momento. Pese a los avances de esta administración en la materia, México aún enfrenta la violencia generada por grupos criminales que no solo afecta la tranquilidad de nuestras comunidades, sino que también amenaza la estabilidad de nuestra sociedad e instituciones.
En este contexto, la consolidación de la Guardia Nacional a través de su integración a las Fuerzas Armadas no es solo una medida necesaria, sino un acto de justicia para los ciudadanos y para aquellos encargados de protegernos.
A lo largo de mi carrera política, si algo me ha distinguido es la congruencia. Desde el inicio de mi labor en el servicio público, he mostrado un apoyo inquebrantable a las Fuerzas Armadas, porque he visto de primera mano su liderazgo y compromiso en los peores momentos de nuestro país. Ya sea en los desastres naturales más adversos o en la lucha contra las organizaciones criminales más violentas, nuestras Fuerzas Armadas han estado presentes, brindando su apoyo incondicional. Su intervención ha sido clave en mantener la integridad y la paz de la nación.
Como diputado federal, fui el único en votar a favor de la Ley de Seguridad Interior en 2017. A pesar de los reclamos y críticas tanto en el Congreso como en la calle, lo hice con plena convicción de que era la decisión correcta.
Sabía que ante el enorme desafío que enfrentábamos en materia de seguridad, la intervención de las Fuerzas Armadas no era solo necesaria, sino vital. No hay mejor ejemplo que lo que vivimos en Nuevo León durante el 2010 y 2011. Por ello, creí que la labor que desempeñaban merecía un marco legal que les otorgara certeza jurídica en sus funciones de seguridad pública, y hoy, el tiempo me ha dado la razón.
Lo que busca la reforma a la Guardia Nacional es precisamente establecer límites claros, con derechos y obligaciones definidos para el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Recordemos que, en 2006, la incursión militar en tareas de seguridad se llevó a cabo sin un plan claro, y sin pensar en las víctimas. La falta de una estructura adecuada y de un enfoque hacia los derechos humanos resultó en consecuencias que seguimos padeciendo.
Hoy, sin embargo, la creación de la Guardia Nacional en marzo de 2019 representa un cambio de rumbo.
Este cuerpo, con formación y disciplina especializada, surge de la experiencia y capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, pero con un enfoque civil y un profundo respeto a los derechos humanos.
Es justo reconocer que, a diferencia de otras épocas, la Guardia Nacional no ha protagonizado escándalos de represión masiva, y cuando han ocurrido incidentes aislados, los castigos han sido ejemplares. Por eso, hoy este cuerpo de seguridad cuenta con una percepción ciudadana positiva, muy por encima de cualquier otra corporación policial.
Para que este cuerpo pueda seguir cumpliendo con su mandato, es fundamental que cuente con un marco legal y una estructura operativa y administrativa sólida, que garantice su eficacia a largo plazo. Y eso es precisamente lo que propone la reforma.
Mi apoyo a la reforma no se basa únicamente en principios generales. Mi principal preocupación es la seguridad de los y las nuevoleonesas.
Durante los últimos siete años, hemos sido testigos de un aumento alarmante en la inseguridad en nuestro estado, que ha alcanzado niveles francamente preocupantes en los últimos dos años.
Es nuestra responsabilidad, como servidores públicos, ofrecer soluciones reales y efectivas a los problemas que enfrenta nuestra sociedad.
Creo, firmemente, que la reforma de la Guardia Nacional es una de esas soluciones. Con un marco legal sólido y una estructura operativa clara, este cuerpo podrá desempeñar su labor de manera más eficaz, brindando seguridad a nuestras comunidades y contribuyendo a la pacificación del país.