Estamos a casi tres años de concluir dos sexenios en los que Nuevo León ha sido sometido a una parálisis política que ha afectado gravemente el desarrollo y el bienestar del estado.
La continua falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso Local ha agravado los principales problemas que enfrenta el estado - seguridad, movilidad, medio ambiente y acceso al agua - y cuyas repercusiones se han vuelto cada vez más evidentes.
En estos tres años la situación se ha deteriorado a tal punto que hemos vivido episodios inéditos: una protesta violenta en el Congreso, una fallida candidatura presidencial como reacción de venganza, y acusaciones mutuas de acoso y violencia entre los bandos en conflicto. La más alarmante de todas estas crisis es la ausencia de un presupuesto estatal durante dos años, lo que ha impedido la administración efectiva del gobierno y ha afectado gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos.
Es evidente que el conflicto no se centra en el bienestar de Nuevo León ni en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, sino que está impulsada por intereses personales y ambiciones políticas.
Ante un gobierno actual que está perdido en términos de negociación política, es hora de buscar soluciones a futuro. Lo digo claro: Nuevo León no puede soportar otra administración estatal similar.
De ahí que, buscando soluciones para enfrentar la crisis de gobernabilidad y romper el ciclo de estancamiento político, propuse una reforma que introduce la figura del gobierno de coalición en la Constitución Estatal, con el objetivo de permitir al siguiente Ejecutivo
Estatal formar un gobierno de coalición con varios partidos, lo que podría asegurar una mayor estabilidad política y facilitar la toma de decisiones.
Elección tras elección, el electorado nuevoleonés ha reiterado que no le interesa concentrar el poder en un partido, sino asegurar el equilibrio y representatividad de las distintas fuerzas en los distintos poderes y niveles de gobierno.
Un gobierno de coalición, al integrar a diversos partidos políticos en la administración estatal, puede contribuir significativamente a fortalecer la democracia y evitar la parálisis legislativa que hemos observado en la última legislatura. Pero además, asegura que las negociaciones se hagan por encima de la mesa, sin intermediarios políticos y sin incurrir en ninguna ilegalidad.
La propuesta de reforma incluye la adición de nuevos artículos en la Constitución Estatal para regular la formación y operación de gobiernos de coalición. Entre las modificaciones propuestas se encuentra la reforma a la fracción 54 del artículo 96, que facultará al Congreso del Estado a ratificar los nombramientos que el Gobernador haga para los servidores públicos de su gabinete en el contexto de un gobierno de coalición, con excepción del titular de Seguridad Pública. Además, se adicionará una fracción 2 Bis al artículo 125 para permitir al Gobernador optar por un gobierno de coalición en cualquier momento durante su mandato, con el apoyo de los partidos representados en el Congreso.
La falta de consensos y la continua parálisis legislativa, evidenciada por la inasistencia de diversos legisladores a las sesiones del Pleno durante seis meses, demuestra la necesidad urgente de una solución que permita una gobernabilidad más efectiva y un equilibrio más justo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Frente a las críticas a esta iniciativa, respondo: nuestra responsabilidad como representantes populares es tomar medidas decisivas para garantizar un gobierno a la altura de los ciudadanos, un gobierno que priorice el interés general por encima de los intereses individuales.
Un gobierno de coalición, creo, podría ser una respuesta.