Hace más de dos años que Nuevo León, el motor económico de México y capital de la relocalización empresarial, ha enfrentado la crisis de inseguridad más grave sin un fiscal general de Justicia. Este vacío en la procuración de justicia no es un accidente ni una simple omisión. Su origen está, por supuesto, en el continuo pleito del MCPRIAN, pero también es el resultado de la inacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha postergado la resolución de la controversia sobre la designación del fiscal.
La falta de voluntad política dentro del Poder Judicial refleja una desconexión profunda entre los magistrados y la realidad de las y los ciudadanos. Mientras la inseguridad en nuestro estado sigue en aumento y las familias se sienten cada vez más vulnerables, la Suprema Corte se ha encerrado en sus torres de privilegio, alejándose del deber de impartir justicia de manera oportuna y eficiente. Este estancamiento no solo afecta a Nuevo León, sino que evidencia un problema estructural en todo el país: un Poder Judicial que no responde a las necesidades urgentes de la sociedad.
En otro momento y en este mismo espacio, aseguré que, tomando en cuenta casos como el de Nuevo León, la reforma judicial que hoy tenemos en nuestras manos es más que necesaria; es imperativa. Nuestro sistema judicial ha permanecido sin cambios sustanciales durante más de dos siglos, un anacronismo que ha erosionado la confianza de la ciudadanía en la justicia. No podemos seguir con un sistema que favorece la parálisis ante la urgencia de resolver controversias críticas, como lo es la designación del fiscal de Nuevo León. Dos años es una espera inaceptable para un estado que demanda soluciones rápidas y eficaces, particularmente en temas tan sensibles como lo es la procuración de justicia.
¡Así es la indolencia con la que se trata a un estado! ¡Así la indolencia con ciudadanos y ciudadanas que viven una crisis de inseguridad! Esta reforma, lejos de ser un ataque al Poder Judicial, busca modernizarlo, humanizarlo y acercarlo a la ciudadanía. En Nuevo León, la necesidad de esta reforma es evidente. La Suprema Corte ha demostrado, con su inacción, que no está a la altura de las necesidades. La demora en resolver el nombramiento del Fiscal ha dejado a nuestro estado sin una cabeza visible en un momento crítico, agravando una crisis de inseguridad que nos afecta a todos. No podemos permitir que este tipo de negligencia continúe.
El camino que tenemos por delante es histórico. Con la reforma judicial, avanzamos hacia un sistema en el que los ciudadanos podrán elegir, mediante su voto, a quienes estarán encargados de impartir justicia. ¡Nunca más habrá una justicia sin rostro y sin la obligación de rendirle cuentas a los mexicanos y mexicanas! Este es un paso firme hacia la legitimidad y la transparencia que tanto necesita la impartición de justicia en este país. En el caso concreto de Nuevo León, no se trata solo de resolver controversias legales; se trata de devolverle a la sociedad la confianza en una justicia que la represente y que tenga siempre en el centro su bienestar. Ya es hora de tener un Poder Judicial más comprometido con la realidad que vivimos.