En el contexto de la discusión sobre la Reforma al Poder Judicial, resulta sorprendente que aún haya quienes insistan en la consigna de que “el Poder Judicial NO se toca”. Esta postura parece suponer que los Poderes del Estado o sus instituciones son intocables, inmutables, y que el Poder Judicial, en particular, no necesita ninguna transformación.
¿Cómo es posible afirmar esto ante la evidencia de su opacidad, su falta de rendición de cuentas y su desconexión con las necesidades reales del pueblo mexicano? Basta con observar las cifras. De las 258,000 tesis y jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial, sólo 238 tratan sobre derechos económicos y sociales, mientras que 13,677 versan sobre temas empresariales. Este simple dato revela una preocupante inclinación hacia los intereses de las élites económicas por encima de los derechos fundamentales de las mayorías.
El argumento de que existe un sólido sistema de sanciones internas dentro del Poder Judicial es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Si bien existen procedimientos disciplinarios, estos están a cargo de magistrados y secretarios que forman parte del mismo poder, lo que genera un preocupante conflicto de interés. En los casos donde se han encontrado faltas graves, el Consejo de la Judicatura ha actuado tan tarde que muchas de las conductas infractoras ya habían prescrito o estaban a punto de hacerlo, lo que refuerza la percepción de impunidad.
El contraste en los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es escandaloso. Un ministro en México gana el equivalente a 3,183 salarios mínimos mensuales, lo que posiciona a nuestro país como el que más gasta en sueldos de ministros, en comparación con Canadá, Estados Unidos, Alemania y España.
Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la falta de meritocracia. A pesar de contar con una carrera judicial, sólo el 15% de jueces y magistrados ha alcanzado su posición mediante este camino, mientras que la gran mayoría ha sido designada por mecanismos basados en favoritismos, compadrazgo y amiguismo. ¿Cómo podemos confiar en la imparcialidad de un poder cuyos miembros, en su mayoría, no han sido seleccionados por su capacidad o experiencia, sino por sus relaciones personales?
El nepotismo es evidente. Hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en este poder, y una cuarta parte de los empleados tienen al menos cuatro familiares dentro, mientras que la mitad de los trabajadores cuenta con al menos dos familiares.
Aún más grave es la flagrante falta de paridad de género. Sólo el 37% de los jueces son mujeres, y de los 855 magistrados, apenas el 23.6% lo son.
Quienes se oponen a la reforma argumentan que esta destruirá la carrera judicial, pero esto es falso. Los artículos transitorios de la reforma establecen claramente los requisitos que los aspirantes deberán cumplir para acceder a los cargos de juez o magistrado, garantizando un proceso más transparente y meritocrático que el actual.
Además, se ha cuestionado la capacidad del pueblo mexicano para elegir a sus jueces y magistrados, un argumento que raya en el clasismo. Sin embargo, en las elecciones federales pasadas, los mexicanos eligieron más de 20,000 cargos públicos. Si se aprobara la reforma, para 2025 la ciudadanía tendría la oportunidad de elegir sólo 1,686 puestos judiciales.
Lejos de ser un retroceso democrático, la reforma impulsada por el presidente López Obrador y respaldada por Morena y la próxima presidenta de México, busca fortalecer nuestra democracia, haciendo que la justicia sea más accesible para todos.
Es evidente que el Poder Judicial, sí tiene que tocarse, porque las instituciones públicas deben estar al servicio del pueblo, no por encima de él.