Las suspensiones que el fin de semana emitieron dos jueces federales para que en el Poder Legislativo no hagamos el trabajo que la Constitución nos confiere es, además de una clara intromisión a la autonomía de poderes, una prueba fehaciente del porqué debe proceder la reforma al Poder Judicial.
En los hechos, este intento ilegal y fallido por detener la discusión y el análisis de la reforma en la cámara de diputados, es una evidencia de lo que ya no debe existir en el México de la transformación y que es el ejercicio indebido de privilegios y argucias para que los jueces emitan amparos al servicio de grupos de intereses que se resisten a evolucionar.
La iniciativa de reforma al Poder Judicial ha sido ampliamente discutida a lo largo y ancho del país con asambleas informativas al pueblo, foros de análisis y discusión con especialistas, así como la amplia difusión que ha tenido en los medios, incluyendo las encuestas nacionales en las que la mayoría de los ciudadanos coincidimos en que debe modificarse la ley para terminar con la corrupción, privilegios y discrecionalidad con la que hoy se imparte la justicia en México.
Esto es una muestra de que en nuestro país existe la libertad de expresión y de manifestación, porque también todas aquellas voces que están en contra de la reforma se han hecho escuchar en un gran debate nacional en el que se respetan las diferentes posturas y en el que es facultad constitucional exclusiva del poder legislativo analizar, debatir, publicitar y en su caso votar y aprobar la iniciativa, en la autonomía de poderes que la Constitución nos confiere.
Las violaciones a los artículos 49 y 135 que con las suspensiones emitidas el fin de semana un par de jueces pretendieron ejercer intromisión en el Congreso dan muestra de la distorsión de quienes han intentado confundir y desinformar a la población sobre los alcances de la reforma.
En este mismo espacio hace algunas semanas traté de aclarar los verdaderos alcances de la reforma, desmintiendo la narrativa opositora que pretende decir que es una medida autoritaria para cambiar la Constitución.
Al contrario, tal como lo pidió la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el paquete de iniciativas han sido ampliamente debatidas y analizadas desde hace meses, por lo que estamos listos en el Congreso de la Unión para votar de acuerdo al mandato que el pueblo nos confirió.