El 8 de diciembre, Manuel González Hinojosa y Pablo Emilio Madero ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la entrevista que tuvieron ese día en la Ciudad de México con Jesús Reyes Heroles, secretario de gobernación. Señalaron que el funcionario se había comprometido a abrir una investigación sobre el proceso electoral del 5 de diciembre, donde el PRI y el PAN aseguraban haber resultado ganadores. Los panistas le entregaron copias fotostáticas de las 416 actas de las casillas electorales en las que presuntamente habían obtenido el triunfo por 30,000 votos de diferencia sobre su oponente priista. Destacaron que el funcionario se mostró sorprendido de que se hubiera adelantado un día la reunión de las juntas computadoras, comprometiéndose a llamar a quienes hubieran tenido alguna participación en el proceso electoral para que expusieran sus puntos de vista en torno a los principales hechos que denunciaba Acción Nacional. Madero Belden dijo desconocer los procedimientos que seguiría la investigación, pero se mostró confiado en que la dependencia federal actuaría conforme a derecho, debido a que se le entregaron las copias del escrutinio en las que se apreciaba claramente su triunfo.
Un día después, Alfredo Corella, del comité directivo del PAN, calificó a la junta computadora de “espuria, ilegítima, folklórica y bastarda”. Para el panista, “esta junta no existió porque no se presentó el 51% de los presidentes de casillas, ni los representantes de su partido, como la propia ley electoral Zorrilla exige (…). La Comisión Estatal Electoral debió de efectuar la auténtica Junta Computadora el día 9 a las 10 horas, tal como se había acordado”. Al cuestionar lo anterior, Ricardo Flores de la Rosa, quien había fungido como secretario de la junta computadora, aclaró ese mismo día que hubo mayoría.
Subrayó que a dicha junta solo tuvieron acceso los presidentes de casillas y funcionarios de la Comisión Electoral, y no hubo personas ajenas al escrutinio, como denunciaron los dirigentes albiazules.
El 11 de diciembre, la prensa inquirió al presidente del Congreso estatal, Raúl Sánchez Jiménez, si el PAN había solicitado la nulidad de la votación de Monterrey. Señaló que, hasta la fecha, no habían recibido ninguna petición. Respecto de las investigaciones que supuestamente estaba realizando Gobernación, Madero dijo: “Sé qué se está haciendo, pero no pude decirle ni quién la está haciendo, ni cuántas personas participan, ni qué tan avanzado va. Sé que hay el interés de hacerla, sé que el día de hoy, hemos presentado pruebas adicionales, y gente nuestra está en la Secretaría de Gobernación, aportando mayores pruebas”. Agregó que el gobernador Zorrilla ya había sido requerido por el titular de dicha secretaría.
Dos días después, al no recibir respuesta de la dependencia federal, Alfredo Corella Gil Samaniego presentó al Congreso del estado un escrito solicitando la nulidad y la carencia de valor jurídico de todos y cada uno de los actos realizados por la junta municipal computadora. Ese mismo día se le dio trámite y fue turnado a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
Madero Belden destacó que “no se solicitó la nulidad de las elecciones ni de casillas, ya que de ser la nulidad de los comicios sería un procedimiento injusto y antidemocrático, que lesionaría la voluntad del pueblo, ya que no le temo sacar nuevamente mayoría de votos; sin embargo, el proceso electoral ya se realizó y el PAN lo ganó limpiamente”. Reiteró que el proceso electoral todavía no finalizaba y exhortó al presidente de la Comisión Estatal Electoral a convocar a una Junta Municipal Computadora en un local donde pudieran caber 494 representantes de casillas, “ya que el Teatro Calderón, donde se citó inicialmente, no tenía capacidad para este crucial evento, y la convocatoria se realizara notificando oportunamente al PAN con el fin de que éste acreditara a sus representantes respectivos”.
Del 13 al 16 de diciembre, Alfredo Corella presentó cada día un escrito sobre las irregularidades cometidas por la junta computadora de Monterrey, a fin de que los legisladores dieran marcha atrás a su decisión de reconocer el resultado de esas elecciones municipales. Los escritos fueron turnados a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, cuya presidencia estuvo a cargo de Antonio Gutiérrez Welsh, quien el día 15 manifestó que dicha comisión se encontraba estudiando el expediente.
Los medios locales tomaron con suspicacia la declaración del legislador priista y conjeturaron que, en el ambiente legislativo, “campea la impresión de que el asunto de las juntas computadoras es ‘arroz que ya se coció’, y que, consecuentemente, no habrá cambios en los dictámenes…Si bien pueden ustedes tener la absoluta certeza de que no se calmará el ánimo de los descontentos…”
De esta manera, el poder legislativo estaba ante la disyuntiva de reconocer los reclamos de Acción Nacional o respaldar los resultados de las autoridades electorales, rubricando uno de los comicios más oscuros y polémicas de la historia política de Monterrey.