El 15 de diciembre de 1976, la Secretaría de Gobernación consignó la conclusión de su investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la junta computadora de Monterrey durante el conteo de votos. El veredicto no fue el esperado por la dirigencia panista, en virtud de que la dependencia federal únicamente se limitó “a persuadir a las autoridades estatales, al no tener facultades sobre los actos electorales de la entidad, según el pacto federal”. Aunque, para Madero Belden, este pronunciamiento, si bien no le resultó favorable, demostró “que en las investigaciones realizadas, Gobernación encontró elementos suficientes de prueba”. El siguiente paso, señaló el candidato albiazul, “sería solicitar la intervención del gobernador Zorrilla y, de no ser oídos, se pediría que interviniera el presidente Lic. José López Portillo, pidiendo a su vez una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia.”
Al día siguiente, en el Congreso local se realizó la sesión donde se dictaminaron los escritos presentados por el panista Alfredo Corella Gil Samaniego, solicitando la nulidad de todos los actos realizados por la junta municipal computadora. El dictamen leído por el diputado Gutiérrez Welsh, presidente de la comisión de Legislación, declaró la validez de los trabajos llevados a cabo por este órgano electoral. Según el legislador priista, con acuerdo con la Ley Electoral, “ningún ciudadano durante el proceso político presentó protesta alguna de nulidad; así mismo, ningún partido político lo hizo oportunamente ante la Junta Municipal Computadora, que debe conocer el resultado”. Para darle sustento al escrito, el diputado Rubén Gerardo Cavazos destacó que a la referida junta se le debe respetar la autonomía de la elección que le otorga la ley. Puesto a consideración de la asamblea, el dictamen fue aprobado por unanimidad.
El día 16, un diario local contradijo lo decretado por los legisladores. Según el rotativo, los comicios de Monterrey los ganó Acción Nacional, y señaló: “Para quienes vivieron de cerca el controvertido proceso electoral, tanto del domingo de las elecciones como los días posteriores en que se dieron a conocer los resultados y las irregularidades de los procesos, particularmente en Monterrey, San Pedro y San Nicolás, en los dos primeros el triunfo inobjetable correspondió al PAN; en el último de los casos, negar las irregularidades sería intentar tapar el sol con un dedo. Sin embargo, es de consignar que el voto de la ciudadanía favoreció al partido blanquiazul.”
Al día siguiente, para manifestar su inconformidad, el comité regional panista realizó por la tarde una concentración frente al palacio de gobierno, la cual se efectuó de manera pacífica con más de mil personas, a las que se fueron sumando simpatizantes y ciudadanos que votaron por el PAN. Los oradores fueron Jesús Sánchez Puente, Alfredo Corella, Humberto Junco, Gloria Ibarra de Rivera, Jorge Eugenio Ortiz y Pablo Emilio Madero, interrumpidos en varias ocasiones para vitorear a Junco y Madero.
Constantemente se escucharon gritos de repudio contra el Congreso, el gobernador Pedro Zorrilla y la ley electoral.
El panorama fue pintoresco, ya que, al oscurecer, varias personas repartieron velas a los presentes, las cuales fueron encendidas ante la negativa de las autoridades de iluminar el lugar de la concentración. Entonaron en varias ocasiones el “himno a Madero”, muchos asistentes enarbolaron cartelones que pedían respeto al voto ciudadano y en otros exigían al gobernador que interviniera en el caso electoral de los municipios de Garza García, Monterrey, Santa Catarina y Salinas Victoria. Al término de la concentración, los manifestantes pedían insistentemente que se realizara una marcha. Sin embargo, fue rechazada por los dirigentes panistas. La multitud culminó el acto cantando el Himno Nacional.
El 18 de diciembre, la dirigencia del PAN anunció la recopilación de 50 mil firmas de regiomontanos para avalar una petición solicitándole a la Suprema Corte de Justicia la revisión del proceso electoral municipal. El día 22, informó que 20 diputados federales panistas defenderían ante el Congreso de la Unión el caso político de Nuevo León. En la sesión del día 29, los legisladores acusaron al PRI y al gobierno de haber convertido a la democracia en negocio de la familia oficial. Demandaron que la Cámara de Diputados se erigiera en jurado de acusación ante el Senado en contra del Congreso local. Obviamente, al ser minoría, esta propuesta no fue apoyada por el pleno.
Ante esta negativa, el 28 de diciembre, los panistas solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra la resolución del Congreso del Estado en cuanto a la licitud del proceso electoral de Monterrey y San Pedro Garza García. Aurelio Sánchez Cárdenas, Juez de Distrito, señaló la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional: el 7 de enero de 1977, a las 11 horas con 15 minutos, “en que se decidirá el fondo de la demanda”. Con este aplazamiento, en que la audiencia se llevaría a cabo siete días después de la toma de protesta de los candidatos priistas, quedaba manifiesta la inacción de las autoridades federales, coludidas con el gobierno estatal para imponer el triunfo del PRI.
Finalmente, a pesar de las protestas y gestiones del PAN para no reconocer el resultado de las elecciones, el 31 de diciembre, en el Cinema Río 70, César Santos Santos rindió protesta como alcalde de la ciudad de Monterrey, comprometiéndose “al ejercicio moderado del poder, a darle a la comunidad las obras y servicios que reclama y a jalar la cobija hacia aquellas parcelas de la composición social donde hay dolencia, insuficiencia y miseria”. Con este acto político se consumaba una de las elecciones municipales más cuestionadas en la historia política del Monterrey contemporáneo. Al día siguiente, de manera simbólica, Pablo Emilio Madero, acompañado de su planilla, rindió su toma de protesta afuera del palacio municipal, acción que fue criticada por el gobernador Zorrilla y puesta a consideración de las autoridades judiciales.
A pesar de que los medios denunciaron las irregularidades cometidas por los órganos electorales y el partido oficial durante los comicios del 5 de diciembre de 1976, el gobierno no cedió ante las presiones locales y nacionales, mantuvo su férrea disposición de imponer su jerarquía por encima de la voluntad ciudadana.