La migración de personas es, definitivamente, el elefante en la sala de la agenda política mexicana. Este tema, del que se sabe que implica grandes retos para la seguridad, los derechos humanos, la economía y la estabilidad social, es ignorado por las autoridades, que prefieren pasar de largo y hacer como si no existiera. El punto es que la migración lo supera todo. Ante las oleadas de migrantes que han llegado a México procedentes de Centro y Sudamérica, se ha puesto a prueba la capacidad del Estado mexicano para contener este tema sensible que va en aumento.
La llegada de Trump a la presidencia por segunda vez pone nuevamente como punto central de sus acciones de gobierno a la migración que llega por su frontera sur. Y, a pesar de ser un tema que compete a los tres niveles de gobierno en México, poco o nada nos hemos preparado para enfrentarlo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien coincidió en la presidencia con Donald Trump en su primer mandato, fue visionario al llegar a un entendimiento coordinado con Estados Unidos y los países centroamericanos que tienen un mayor número de personas que salen de sus países en busca del sueño americano, a través de un programa para inyectar dinero a esos países enfocado a reactivar la economía de las familias, para evitar que decidan lanzarse a una aventura migratoria llena de peligros y riesgos.
Sin embargo, estas acciones para reactivar las economías latinoamericanas suponen un nivel muy alto de coordinación, inversión y tiempo para lograr retener a las personas en su lugar de origen, con lo cual seguimos como país rebasados ante el fenómeno migratorio que vivimos en el primer cuarto de este siglo.
A nivel local, podemos afirmar que el tema migratorio simplemente no existe en la agenda estatal. En ocasiones, como es el caso, se delega el tema por completo a la federación, por encontrarse dentro de sus facultades, a pesar de que el problema es local, tal como sucede con la contaminación ambiental, que, al declarar que le compete al gobierno federal, es suficiente para voltear hacia otro lado y cruzarse de brazos.
Para ser concisos, la atención y contención del fenómeno migratorio la llevan las ONG´s internacionales como ACNUR, las asociaciones civiles locales como Casa Monarca o Casa Indi, y poco más. Para el Gobierno Estatal, lo social se ha enfocado en otros ámbitos y se ha descuidado al mayor de ellos, que nos vuelve más vulnerables socialmente.
Una buena acción del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fue la visita del cónsul de Honduras para hablar sobre el tema migratorio y la contención al respecto. El Cónsul General Juan Manuel Cáceres propuso crear una política de regularización temporal para sus connacionales, a fin de que puedan acceder a servicios médicos, empleo y oportunidades para simplificar trámites administrativos para ellos y sus familias. El alcalde de Monterrey comentó que, del total de la migración que pasa por Nuevo León, el 60% lo recibe Monterrey y que, respecto al origen de las personas migrantes, la mayor parte de ellas proviene de Honduras.
Sin coordinación con los países de origen, los municipios, el Estado, el Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Nuevo León, el Instituto Nacional de Migración, así como sin contar con la infraestructura social necesaria y un plan de acción claro ante la llegada de oleadas migrantes o posibles deportaciones masivas, tendremos un problema social de dimensiones incalculables.
Basta vernos en el espejo de grandes ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, entre otras, cuyos centros de la ciudad están llenos de personas sin hogar que utilizan las calles comerciales y los bajos puentes para vivir en condiciones paupérrimas. Las rivalidades políticas pueden esperar; lo que requiere Nuevo León y México es la acción coordinada de todas las autoridades, trabajando por el mismo objetivo común.