Las leyes que se han roto, desde el poder, en el estado de Nuevo León en las últimas semanas son tantas y tan variadas que sólo son rebasadas por las incongruencias de sus autoridades.
Dos gobernadores, tres, cuatro, bueno, para seguir la cuenta se necesita una amplia visión de la legalidad e ilegalidad que van a la par de los tiempos de conflicto sembrados por los poderes establecidos y los poderes de facto en el estado.
Que se va Samuel García de la gubernatura que juró no dejaría en seis años. Que en el Congreso nombran al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Que se queda el secretario General de Gobierno. Que mejor ponen al vicefiscal de la Fiscalía General del estado. Todos en medio de la precampaña de Samuel García.
Primero que nada, todo nace de una determinación de Samuel para buscar ser candidato presidencial de su partido político llamado Movimiento Ciudadano. Esta detonación de la cadena de hechos hizo que sus principales rivales políticos arreciaran la guerrita que ya tiene más de un año de edad.
Si la ambición de Samuel por la candidatura no le hubiera echado a la basura su promesa de quedarse los seis años al frente del gobierno estatal, probablemente nadie estaría discutiendo los pormenores de la violación legal llamada desacato.
Los hechos, ya muy difundidos por El Horizonte, muestran que se violentaron varias leyes y se cometieron varios delitos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió la plana a Samuel, al Congreso local y al secretario de Gobierno, al desacreditar los dichos y hechos de los tres poderes estatales.
La Corte dijo que Arturo Salinas no puede ser gobernador porque no cumple los requisitos de la Constitución del estado, exhibiendo al Congreso que lo nombra y al representante del Poder Judicial local como ignorantes de la ley.
La misma Corte suprema le corrigió sus dichos a Samuel que quiso dejar, designado por él mismo, a su Secretario de Gobierno Javier Navarro, abogado por cierto, quien además exigió a través de amparos que lo dejarán violar a gusto la Constitución que el propio Samuel promulgó hace apenas un poco más de un año.
Les dijeron que no. Que no tenían la razón y queda en duda si haber asistido a la escuela de derecho es lo mismo que haber aprendido a respetar la ley. Al final, el menos polémico de los aspirantes, Luis Orozco es ratificado y reconocido por la Corte como gobernador interino, ante la inconformidad de Samuel.
De cualquier manera, la férrea voluntad de ser candidato presidencial de Samuel se convirtió en la fragilidad de una hoja seca en el otoño, pues se acordó de su promesa de no abandonar Nuevo León tan pronto como el gobernador interino llegó a Palacio.
Sin avisar al Congreso que “se rajaba”, Samuel quiso reasumir la gubernatura. Para ello aplicó su propio calendario y reloj, pues alargó el viernes 1 de diciembre para que el Periódico Oficial tuviera dos versiones, una fecha, un mismo folio y el mismo hilo conductor: las ganas de ganarle a sus contrincantes a como dé lugar. Si le avisó que se iba, del mismo modo debió avisar que regresaba.
La Constitución del estado es muy clara y no se necesita tener un doctorado para leerla y encontrar en ella que el Congreso del estado es el responsable de nombrar al interino. Lo que pasa es que cada quien quiere tener el poder y no para servir, como se demostró con el abundante despliegue de patrullas, equipos blindados y policías la noche del arrepentimiento de Samuel. ¿Qué tal si ese despliegue se usara cuando desaparece una mujer víctima de violencia?
No se puede gobernar con ocurrencias sin sufrir las consecuencias de las mismas y tampoco deben los representantes populares evadir la ley para poner al que mejor obedezca sus instrucciones.
Gracias a los arranques de Samuel y de los diputados, las leyes han sido violentadas para salirse con la suya, sin que se note el verdadero interés en atender las urgencias del pueblo de Nuevo León.
El gobernador en funciones, Luis Orozco, fue suplantado por el que ganó las elecciones, tan sólo porque le dio la gana, poniendo en el tocadero legal del desacato a Samuel. Los procedimientos legales y formalidades están ahí para ser obedecidos por todos, sea un hijo de vecino o un gobernante, diputado, gobernador o juez. Si no, para qué tenerlas.
Samuel dice que lo chantajeaban desde el Congreso del estado para designar a Navarro, pidiendo lo que ellos mismos podrían obtener si designaban a un gober a modo. ¿Entonces para qué pedírselo? Muchos disparates se han dicho, cuando baje el polvo del zapateado, veremos empolvados a los actores políticos y los mismos problemas del estado que antes de la polvareda.