Esta semana estuve presente en un conversatorio convocado por el abogado Jorge Salazar Rodríguez con varios muy distinguidos abogados regiomontanos, algunos de ellos llevan negocios en todo el territorio nacional e incluso en el extranjero con sus socios en otros países.
En este diálogo, en el que también estuvo presente y muy activa tomando notas de la opinión de los profesionales del derecho entre los que el que menos experiencia tiene solo cuenta con aproximadamente 35 años en el ejercicio de la profesión, me refiero a la diputada federal electa, Clara Luz Flores Carrales, quien también es abogada, en la reunión que se llevó a cabo en un prestigiado despacho de la colonia Obispado.
En esta oportunidad de diálogo, con actores muy destacados en la práctica legal, uno a uno fuimos exponiendo las ideas y entre ellas varios coincidieron en que no hay muchos países que tengan elección de sus jueces, por lo tanto, no existe una experiencia de la que podamos aprender.
También se dijo con todas sus letras que el presupuesto es equivalente al 0.26% del presupuesto federal, esa cantidad de recursos materiales y humanos son insuficientes para la carga laboral que tiene el personal que imparte justicia, que los expedientes en muchos de los casos son de muchos tomos y el solo leerlos requiere de mucho tiempo, ya no se diga eso de valorar pruebas o alegatos, obviamente, en esos expedientes no es fácil alcanzar aquel anhelo de justicia expedita.
Cuando se habla entre los argumentos de reforma a este poder, el deseo de eliminar la corrupción, como una motivación fuerte para justificarla, se hizo mención de que este flagelo social existe y está muy arraigado en el pueblo mexicano y no escapan los otros poderes, ni creemos que eligiendo a los jueces por votación se extinga este problema.
Además, se menciona el temor fundado de que se presente financiamiento por grupos de interés y también por grupos del crimen organizado que pueden financiar campañas, como lamentablemente ya sucede en los cargos de elección popular en muchas regiones del país.
Uno de los comentarios que me llamo la atención fue que si el espíritu o idea de la reforma es que se haga presente la voluntad popular en la designación de los impartidores de justicia poniendo como ejemplo la designación de ministros de la Corte, es donde la decisión recae en dos poderes que surgen de la voluntad popular, al conjuntarse la propuesta del Ejecutivo y la revisión, entrevista y aprobación de parte de la Cámara de Senadores, de manera que quienes ya fueron electos por la voluntad popular en elecciones tienen el mandato constitucional de cumplir cabalmente con sus atribuciones Constitucionales para este efecto, lo que ya cumple con el deseo de que sea el pueblo quien elija y designe.
La mayoría coincidimos en que no vemos listo al pueblo de México para ir a un proceso de elecciones de jueces por el temor de que se pierdan algunos principios que deben tener los juzgadores como la independencia; imparcialidad; integridad; objetividad; respeto; transparencia; competencia, que es igual a conocimientos; responsabilidad y humildad, principios que difícilmente se pudieran cumplir al ser elegidos como lo viene proponiendo el grupo de Morena en respuesta al deseo del señor Presidente.
Se dijo que nos hemos equivocado muchas veces con los que elegimos para diversos cargos, también se habló de que este deseo de cambio debe ser gradual con algunos cargos y en algunos lugares del territorio, ya que hacer un cambio de todos los funcionarios judiciales lejos de ser una solución se volverá un problema mayúsculo y la curva de aprendizaje provocará muchas injusticias.
Nos preocupa al grupo la capacidad de los juzgadores y la calidad de justicia que puedan recibir los justiciables, sobre todo que la justicia no es un acto de popularidad y simpatías y requiere de la aplicación estricta del derecho, por lo que, si hay leyes que sean injustas, antes hay que reformar esas normas.
En general tenemos cierta resistencia al cambio y una gran desconfianza a que se pudiera preseleccionar candidatos que sean confiables en todos los sentidos, para ello se propone que la academia como los colegios de abogados con cierta antigüedad puedan pre calificar a los que deseen aspirar a ser juzgadores.
De igual forma, se habló de que se puede cambiar la Judicatura y los órganos de control interno, entre otras cosas, de todo esto tomó nota la diputada Flores Carrales y ofreció muy amablemente subir los puntos propuestos y analizarlos en la comisión que le toca dictaminar la iniciativa.
Creo firmemente en que esta reunión por la calidad y experiencia de los comentarios vertidos por este grupo de expertos, al grado de que se acordó continuar con estas reuniones de estudio y opinión de los grandes temas que pasarán por el Congreso, con la finalidad de nutrir de elementos y argumentos a quien nos representa ante el Congreso de la Unión.
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