Desde el Senado de la República, esta semana presenté una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de Fe Pública en México, aquel que otorga validez y autenticidad a acuerdos y contratos que protegen los derechos de todas y todos nosotros, nuestro patrimonio y las relaciones jurídicas entre sujetos morales y físicos.
En pocas palabras, el sistema de Fe Pública es un instrumento fundamental en la construcción del Estado de Derecho.
La iniciativa busca transformar el sistema a uno que sea justo, transparente y accesible, y, sobre todo, que garantice la seguridad jurídica de todos y todas, sin distinción de estatus socioeconómico o lugar de residencia.
¿Por qué es necesaria esta transformación?
Años de recorrer las calles de Nuevo León y hablar con las y los ciudadanos de mi estado y del país han hecho evidente que el sistema actual presenta múltiples deficiencias que limitan su alcance y efectividad, afectando directamente a quienes más necesitan estos servicios.
Hoy en día, enfrentamos una cobertura limitada de notarios públicos, tarifas inaccesibles, falta de estándares uniformes en formación y certificación, y una preocupante ausencia de regulación nacional que armonice los principios de la función notarial.
Por ejemplo, cada entidad federativa establece sus propias reglas, lo que genera desigualdades, opacidad y las prácticas discrecionales que erosionan la confianza en el sistema.
La iniciativa que propongo reforma los artículos 73 y 121 de nuestra Constitución con seis objetivos claros:
1. Modernizar y fortalecer el sistema de Fe Pública, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y equidad en el acceso a los servicios que prestan notarios, corredores y servidores públicos.
2. Facultar al Congreso para expedir una Ley General de Fe Pública para homologar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer principios homogéneos para la función notarial que realicen todos los fedatarios públicos.
3. Profesionalizar el sistema a través de exámenes públicos y transparentes.
4. Establecer que los fedatarios públicos sean profesionales del derecho altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso que garantice su imparcialidad, eficiencia, buena fe y seguridad jurídica, entre otros.
5. Garantizar que cualquier acto jurídico avalado por un fedatario federal tenga validez plena en todo el territorio nacional, eliminando trabas y fortaleciendo la seguridad patrimonial y contractual de los ciudadanos.
6. Combatir la opacidad y prácticas discrecionales a través de mecanismos de rendición de cuentas.
Es importante mencionar que la iniciativa contempla la posibilidad de que quienes ya cuenten con una patente puedan optar por conservarla, siempre que aprueben un examen de evaluación equivalente al de oposición. De esta manera, aseguramos que la permanencia en la función notarial responda a criterios de mérito y no a privilegios heredados.
No podemos permitir que la seguridad jurídica siga siendo un privilegio de unos cuantos. Las y los mexicanos merecemos un sistema de Fe Pública moderno, accesible y eficiente, donde la transparencia y la equidad sean los pilares que sostengan la confianza ciudadana.
En el corazón de esta iniciativa está el deseo de modernizar el sistema, pero, sobre todo, democratizarlo, haciendo que el derecho a la seguridad jurídica sea una realidad tangible para todos y todas en el país.
Ese ha sido mi compromiso desde que llegué al Senado de la República: impulsar las reformas necesarias para construir un México más justo y con instituciones que estén verdaderamente al servicio de la gente.
Las y los mexicanos merecemos un sistema de Fe Pública justo y eficiente. Con esta iniciativa, crearemos un sistema moderno, accesible y profesionalizado, donde el derecho a la seguridad jurídica deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos.