Hoy, 20 de diciembre, es el último día, por ley, para la aprobación del presupuesto. Con las negociaciones rotas, se tratará de lograr la votación para sacarlo adelante; si no se logra, más de 30 mil millones de pesos se dejarán de ejercer, con lo cual el Estado y los municipios, principalmente, lo que estrangulará en su gasto público.
Es increíble el escenario local que vivimos, en el que la falta de acuerdos y de oficio político ha dejado a Nuevo León, por dos años (2023 y 2024), sin el presupuesto que corresponde, porque el Ejecutivo no presentó el proyecto correspondiente a cada ejercicio. Ahora, que lo presenta para el ejercicio 2025, no se llega a un consenso en el Congreso local para su aprobación.
El Gobernador del Estado manifestó en distintas ocasiones la voluntad de negociación que, en la mesa con el Congreso, no se pudo lograr, lo que ha dejado dividida la votación en 21 votos a favor y 21 votos en contra. Nada para nadie.
El problema de todo esto es la grave afectación que tiene para el bolsillo de la población. Mientras luchamos contra la inflación y el alza de precios de la canasta básica, tenemos que agregar el aumento en las tarifas del transporte, en el cobro de derechos estatales y los pagos que se avecinan de predial, refrendo, entre otros.
Con este panorama, el año que está próximo a comenzar pinta francamente muy complicado. Las obras emblemáticas del Gobierno del Estado, en este escenario de falta de aprobación del Presupuesto 2025, no serán posibles de concluir, por falta de liquidez para inversión y porque no se ha autorizado la deuda que solicita el Estado para continuar con estos proyectos.
El Congreso dice, y dice bien, que Nuevo León es el Estado más endeudado de México, por lo que no es responsable autorizar más deuda. Sin embargo, eso pone en vilo la culminación de las obras del metro, las carreteras proyectadas por el Ejecutivo, entre otras muchas cosas más, como el pago a proveedores, apoyos a asociaciones civiles, gasto operativo de las secretarías, en fin, una bola de nieve.
Por otra parte, la falta de publicación de los decretos de los valores catastrales de los municipios de Monterrey y San Nicolás limita el margen de acción para los proyectos municipales y la operación básica para brindar servicios de calidad a la población.
La ingobernabilidad que se advierte para los próximos meses en el Estado será inevitable. La guerra política continuará, mientras la población libra sus propias batallas por los problemas sociales que hacen crisis.
¿A quién beneficia un escenario así? Definitivamente a nadie, pero la política no ha sido capaz de imponerse para sacar adelante los temas más sensibles de la sociedad. Por el contrario, la falta de ella ha estresado la relación entre los poderes del Estado y ha derivado en una guerra en la que la gente es la que sale perdiendo. Y así seguiremos por los próximos dos años y medio.
Posdata: Entre las fiestas decembrinas, se cocinan aumentos. Se avecina una cruel cuesta de enero.