En las últimas semanas, el Gobierno del Estado y los alcaldes de diversos municipios de Nuevo León han anunciado incrementos en el servicio de transporte y en el predial, respectivamente.
En el primer caso, se le comunicó a la población que el costo por viaje pasaría de 13 a 15 pesos, y se llegó a mencionar la cifra de 21 pesos en el futuro cercano, aunque luego se descartó. En cuanto a los alcaldes, los aumentos al predial oscilan entre el 10% y el 30%, lo que representa un incremento muy por encima de la inflación, que apenas ronda el 4 o 5 por ciento este año.
Estos aumentos no son nuevos; cada cierto tiempo, especialmente al inicio de una nueva administración o cuando las finanzas públicas se ven tensadas, los gobiernos ven en estos aumentos una "solución fácil" a sus problemas, sin medir las repercusiones que tendrá sobre la economía familiar.
Son decisiones no solo desproporcionadas, sino también ajenas a la realidad social que atraviesa nuestra población.
Lo que estos aumentos reflejan, en primer lugar, es la falta de regulación y transparencia en los valores catastrales, donde no existen reglas claras que limiten los incrementos y protejan a los ciudadanos de decisiones arbitrarias.
En segundo lugar, el incremento en las tarifas del transporte público es un claro indicador de que la actual administración estatal está optando por resolver sus problemas financieros a costa de la ciudadanía, sin haber cumplido, en sus primeros tres años de gestión, con la promesa de mejorar y reestructurar el sistema de transporte público. Lo que hemos visto, lamentablemente, es totalmente lo contrario: los problemas del transporte se agudizan, la calidad del servicio sigue siendo deficiente y la movilidad se ha convertido en un dolor de cabeza para los nuevoleoneses.
Como diputado local, voté en contra de todos los aumentos catastrales, porque creía, y sigo creyendo, que el predial sí debe aumentar, pero de acuerdo a criterios técnicos, no por caprichos ni como una medida para resolver los problemas financieros inmediatos de los municipios.
Por eso, hace tres años propuse la creación de un Instituto Catastral autónomo y ciudadano que determine los valores catastrales con transparencia y en función de las necesidades reales de cada municipio, no de los intereses de quienes ocupan los cargos públicos.
En cuanto a los incrementos en las tarifas del transporte público, también me posicioné en contra de estos aumentos. Primero, porque era una promesa del gobierno estatal, y segundo, porque los tarifazos no han garantizado, ni garantizan, un mejor servicio. De hecho, la experiencia de los últimos aumentos demuestra que los problemas de movilidad continúan sin solución.
Si hace tres años el aumento en el transporte no resolvió la crisis, sino que la empeoró, ¿qué nos asegura que este nuevo incremento cambiará las cosas?
Lo que debemos exigir es que cualquier reestructura en los servicios del Estado se haga con un enfoque serio, basado en estudios técnicos y, sobre todo, con plena conciencia de lo que esto significará para las familias de Nuevo León. Los costos de la vida no pueden seguir incrementándose sin un contrapeso real que ofrezca beneficios tangibles para la sociedad.
Las soluciones que Nuevo León necesita no son más tarifas, sino políticas públicas con la guía de servidores públicos que se comprometan, con transparencia y responsabilidad, a resolver los problemas de fondo.