En estos últimos días, el aire sucio en nuestra ciudad es más que evidente. Las imágenes con las que nos encontramos al salir de nuestras casas reflejan una ciudad gris, incluso sin la posibilidad de ver nuestras montañas. La crisis medioambiental que enfrenta Nuevo León se ha intensificado en los últimos años. Ya sea por el incremento poblacional, el parque vehicular o industrial, cada vez tenemos menos días limpios. Esto tiene serias repercusiones para la salud de la población, particularmente para los sectores más vulnerables: nuestros niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Actores políticos del Estado nos han asegurado lo contrario, pero lo peor es que no muestran interés en implementar medidas serias y contundentes para solucionar esta crisis. En cambio, la calidad del aire se convierte en un tema de campaña electoral que se olvida una vez pasadas las elecciones. Lo que realmente requerimos son planteamientos serios que reconozcan la complejidad y heterogeneidad del problema, para así elaborar un plan integral que aborde cada una de sus causas.
Los datos están ahí. Las alertas ambientales por mala calidad del aire se han incrementado de manera sostenida: en 2022 se registraron 14 alertas ambientales en Nuevo León; en 2021 fueron 11, y en 2020 se registraron nueve. Según la herramienta AirVisual de IQAir, durante 2023, Monterrey, Apodaca, Juárez, Cadereyta, San Pedro y San Nicolás ocuparon algunos días el primer lugar en el ranking de las ciudades más contaminadas del mundo. La respuesta política hasta ahora ha sido concentrarse en un solo villano: la Refinería de Cadereyta, ignorando que la contaminación proviene de múltiples fuentes, incluyendo actividades industriales, construcción, automóviles e incluso la ubicación geográfica de la región.
Más allá de las razones, es urgente que se tomen medidas contundentes. Las consecuencias del aire que respiramos van más allá del paisaje urbano; estamos inhalando, literalmente, veneno. El propio Gobierno del Estado ha reconocido que en 2019 hubo mil 700 muertes relacionadas con la contaminación y un incremento en enfermedades cardiovasculares, cáncer y Alzheimer. Hasta ahora, el Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) ha resultado ineficiente para abordar la situación. Este plan no contempla sanciones para las industrias y actores que incumplen con sus disposiciones. Más grave aún, en el último año se han emitido menos alertas ambientales de las que se ameritan, sin claridad sobre las razones de esta reducción. Otras iniciativas, como el famoso Impuesto Verde, carecen de transparencia y parecen más una licencia para contaminar que un paso hacia procesos más sustentables.
Es momento de exigir un cambio real. La salud de nuestra población y la calidad del aire que respiramos son asuntos que deben ocupar el centro de las políticas públicas. La lucha contra la contaminación no puede ser un tema electoral; debe ser un compromiso diario de todos los actores involucrados. Solo con un enfoque integral y sostenido podremos aspirar a un futuro en el que nuestra ciudad no solo sea más habitable, sino también un lugar donde podamos respirar aire limpio y sano. Es hora de dejar atrás la retórica y actuar con determinación para proteger a nuestras comunidades y el entorno que compartimos.
La salud de nuestra ciudad depende de ello.