La interrogante con la cual se titula esta colaboración es absolutamente honesta. Y lo es porque conviene preguntar si estamos atestiguando el desarrollo de actividades correspondientes, de verdad, a la recreación de las etapas del proceso electoral, tal como se encuentran descritas en la normatividad vigente.
Me explico. De acuerdo con la normatividad actual, los procesos electorales para la renovación de los poderes públicos se encuentran divididos en etapas: una de carácter preparatorio, otra denominada de “precampaña”, una más bautizada como “intercampañas”, la siguiente como “campaña”, luego la jornada electoral… y así.
En términos estrictos, es decir, en términos de lo que establece la ley, desde las 00:00 horas del pasado viernes nos encontramos en la etapa de “intercampañas” lo cual, en primera instancia, significa una cosa concreta: las “precampañas” ya se acabaron.
Hay, sin embargo, un problema con la nomenclatura de estas etapas: durante la “precampaña” las distintas fuerzas políticas debieron desplegar esfuerzos orientados a seleccionar a quien les abanderará en la campaña por venir. En otras palabras, debió registrarse una competencia interna.
¡Pero esa competencia tuvo lugar antes de las precampañas formales! Como sabemos, en el caso de la coalición oficialista, la del partido gobernante –a nivel nacional–; es decir, Morena, ello ocurrió a inicios de septiembre, más de dos meses antes de iniciar la precampaña y un buen rato después de haber recreado una precampaña como no habíamos visto en décadas.
Algo similar hizo la coalición opositora, donde incluso se esforzaron para “adelantarse” al oficialismo a fin de contar con una aspirante “de unidad” unos días antes de oficializarse la candidatura del morenismo.
En ambos casos, los partidos integrantes de las coaliciones en pugna recurrieron al mismo método: emplear eufemismos para disfrazar la selección de su candidata presidencial. Le pusieron otros nombres a la figura y con ello se permitieron la licencia de violar la ley.
Así pues, lo vivido en las últimas semanas ha sido una farsa en toda la extensión del término. Pero, como han gozado de la complacencia de la autoridad electoral para hacerlo, pues a la práctica se le ha otorgado carta de naturalización.
Porque, en estricto sentido, ninguna de las dos coaliciones con mayores probabilidades de alzarse con el triunfo en la jornada del próximo mes de junio debió realizar precampaña alguna. Y no debió hacerlo simple y sencillamente porque no existía la posibilidad de tomar ninguna decisión.
Referir lo anterior tiene sentido para llamar la atención sobre las características del periodo denominado “intercampañas”, el cual inició el viernes anterior y concluye el último día de febrero.
Durante dicho periodo, de acuerdo con la legislación vigente, partidos y candidatos deben guardar silencio, abstenerse de hacer promoción, resguardarse en sus guaridas y dedicarse a preparar sus respectivas estrategias para salir, ahora sí, a protagonizar la disputa por los votos a partir del primer segundo del mes de marzo.
Pero eso no va a ocurrir. Porque, exactamente igual como hemos atestiguado desde hace más de tres años, quienes protagonizan el proceso electoral no se van a sujetar a las reglas. Y no lo harán porque, como nos han demostrado sobradamente a lo largo de muchos años, no tienen, ya no digamos vocación democrática, sino compromiso con la congruencia.
Vale la pena no olvidar en todo esto un detalle relevante: quienes diseñaron y aprobaron todas las reglas referidas líneas arriba fueron los propios integrantes de nuestra clase política. Y lo hicieron, en todos los casos, señalando la necesidad de establecer reglas para garantizar una competencia sin ventajas artificiales para nadie.
Hoy, de espaldas a esa posición, atestiguamos una campaña en la cual ha ocurrido todo, menos la sujeción de los partidos políticos a la legalidad surgida de sus propias decisiones.
@sibaja3