Un cambio de paradigma en la transparencia de los recursos públicos que acaba de plantear la presidenta Claudia Sheinbaum y que pasó casi desapercibido podría aplicarse para los gobiernos locales en Nuevo León. Sheinbaum propone cambiar, a partir del próximo año, los procedimientos de contratación del gobierno federal.
Dicho de otro modo, se trata de modificar la forma de licitar, que hasta ahora ha operado en sexenios anteriores, incluyendo el de López Obrador. Porque veamos: ¿dónde está el truco para robarse los recursos públicos? En las condiciones técnicas de las licitaciones. Así de simple y complejo a la vez.
Si se quiere acabar con la corrupción, tienen entonces que cambiarse las formas de contratación en todos los niveles gubernamentales, modificando en principio la normatividad vigente. La administración de Sheinbaum sentará en la misma mesa a los proveedores que cumplan con los requisitos y estén dados de alta en su gobierno. Son ellos directamente quienes definirán cuáles serán las especificaciones técnicas de cada compra de gobierno. Esta nueva formulación de las condiciones para licitar que deberán cumplir los concursantes podría ser replicada por el gobierno estatal y los alcaldes de Nuevo León.
Así se evitaría incurrir en errores que se cometieron en el trienio pasado, para no irnos tan lejos, con los proyectos de obra pública municipal, como ciclovías y reformas arquitectónicas del casco, que no terminaron en el plazo convenido, que no respetaron el costo fijado y que no cumplieron con los beneficios prometidos, como son ahorros, ingresos, vecinos satisfechos o mejoras urbanas evidentes. Eso sin contar con que se hicieron por la pura y dura voluntad del alcalde.
¿Qué tan frecuente es que los proyectos públicos incumplan con lo prometido? Más de lo que el lector imagina. El porcentaje de incumplimiento de proyectos o compras municipales es aterrador. Incluyendo campañas como la erradicación del dengue, como bien señala El Horizonte en su edición de hoy.
Mañana le daré algunos lamentables ejemplos de malas decisiones de obra pública o de compras en la administración pasada del “mejor municipio de América Latina”, que supuestamente es San Pedro.