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Nuevo León

Plusval sostiene que terreno vendido a Metrorrey está en litigio

Trazzo e Inurvi vendieron 7.1 hectáreas a Metrorrey, pero están en litigio por un total de 20 hectáreas, según Emilio Tancredi, quien reclama su propiedad


  • 24
  • Octubre
    2024

Las 7.1 hectáreas que Trazzo, del empresario Alberto de la Garza Evia, y su socia Inurvi vendieron a Metrorrey para utilizarlas como centro operativo de las nuevas líneas del Metro, sí están dentro del litigio que estas compañías sostienen contra las firmas Servicio de Construcción Inmobiliaria y Plusval, del sampetrino Emilio Tancredi Flores.

Según documentos oficiales, como un certificado de libertad de gravámenes y un contrato de cesión de derechos, la extensión que se disputa entre ambos grupos de empresas es de más de 20 hectáreas, y no solamente 11.

En las 20 hectáreas ubicadas detrás del centro comercial Citadel, se encuentra el predio que se le vendió a Metrorrey el 7 de julio de 2022 por un monto de $404 millones de pesos.

El abogado de Tancredi, Humberto Aguillón Ordóñez, afirmó ayer que están tan seguros de que el terreno le pertenece a su cliente que hasta presentaron una demanda penal donde describen la superficie y ubicación del terreno.

Un certificado de libertad de gravamen, del que El Horizonte tiene copia, fechado el pasado 17 de junio, pero con registro ante el Instituto Registral y Catastral del estado desde el 1 de octubre de 2013, cuando Tancredi compró el terreno, indica que el predio es de 203,091 metros cuadrados (más de 20 hectáreas) y que pertenecía a los herederos del dueño original, Santiago Hernández.

“(Se) certifica que la propiedad inscrita a favor de Cleofas Garza Villarreal, Gabino Hernández Garza, Alicia y Reynalda Hernández Cepeda no reporta en su constancia vigente alguna de que esté gravada con hipoteca, embargo, fianza, fideicomiso, ni algún otro modo, siendo las características de dicha propiedad las siguientes: terreno localizado en la Hacienda de Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza”, indica el certificado.

Ese mismo terreno es el que, mediante contrato de cesión hereditaria, le vendieron a una empresa de Tancredi Flores los herederos de los hijos del propietario original, Santiago Hernández.

“Contrato de cesión de derechos hereditarios. Cedentes: Ramiro B. García Hernández, Gloria Esperanza, Esther, Guadalupe Radala García Hernández y Alma Delia Lucio; albaceas de sucesión de Emerardo Lucio y Mario Arturo Lucio Hernández, a quienes se les denominará como ‘El Cedente’ y, por otra parte, ‘La Cesionaria’, la empresa Servicios de Construcción Inmobiliaria S.A. De C.V., quien adquiere el 75% y el licenciado Roberto Rodríguez Garza, el 25%”, indica el contrato.

La empresa Trazzo ha respondido que el terreno vendido a Metrorrey está fuera del litigio que sostienen con Servicios de Construcción Inmobiliaria y Plusval, de Tancredi Flores.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que estas últimas empresas presentaron una demanda penal contra Trazzo, de Grupo Internacional de Inversiones (IDEI), y contra Inurvi, por la venta del terreno.

En la misma se pide acción penal por el delito de despojo de inmueble, entre otros.

El abogado de Tancredi Flores, Humberto Aguillón Ordóñez, afirmó que tienen todos los documentos y la seguridad de que el terreno vendido a Metrorrey les pertenece, tanto es así que lo incluyeron en la demanda penal.

“El terreno está dentro de la propiedad que era de Santiago Hernández y tenemos la plena posesión gracias a un amparo”, indicó el abogado.

No hay inejercicio de acción penal

El abogado Aguillón Ordóñez indicó que el curso de la demanda penal continúa al grado de que presentaron más pruebas hace seis días.
Indicó que se enteraron de que el ministerio público se pronunció a favor de un posible inejercicio de acción penal, pero que eso no lo ha validado la fiscalía, por lo tanto, no es oficial.

“En sí, una notificación personal no tenemos, es una opinión personal, es un acuerdo que entra en estudio y se pone a disposición del Fiscal General o del encargado que es quien está facultado para confirmar o modificar o advertir ciertas circunstancias de ese acuerdo del ministerio público, del cual puede confirmar el ejercicio de la acción penal o puede pedirle al ministerio público que se judicialice, que se ejercite la acción penal”, dijo el litigante.


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