Piden sancionar a quien desacredite uso de Dióxido de Cloro
La multa puede ser aplicada para cualquier persona, incluso hasta un servidor público
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Agosto
2020
NUEVO LEÓN.- Los integrantes de la organización Tribuna de Vigilancia Ciudadana A.C. acudieron al Congreso del Estado a presentar una iniciativa de Ley, la cual busca sancionar a quien desacredite el uso del Dióxido de Cloro.
En entrevista, la Presidenta de la organización, Argelia Montes, explicó que la modificación trata de castigar las conductas perpetradas contra los Derechos Humanos omitidas por las autoridades.
“Se va a castigar a las personas que estuvieran difamando alguna sustancia o producto que esté dando resultados médicos, sin algún sustento”
Montes, dijo que las afirmaciones que se han hecho en torno a esta alternativa médica, son para causar pánico en las personas.
“Hay muchos testimonios, en Monterrey lo está usando mucha gente (Dióxido de Cloro).”
Añadió que la multa puede ser aplicada para cualquier persona, incluso hasta un servidor público.
“También aplica en personas con cargos públicos, que están desprestigiando los estudios de esta sustancia y difama con algo que no le consta.”
Recalcó que la intención que tienen como organización es que, se busquen otras alternativas para tratar el Coronavirus.
“Queremos que se voltee a ver otras opciones debido a que ya son seis meses y la verdad es que no hemos visto cambios de nada.”
La iniciativa trata de agregar un apartado en el Código Penal del Estado al adicionar el Artículo 157 Bis y 157 Bis 2, en los cuales manifiestan que al evitar u omitir la difusión de alternativas medicinales, se sancionará con pena de seis meses a siete años de prisión; y al servidor público que se niegue a proteger los grupos vulnerables, será sancionado con 10 a 30 años de prisión.
La iniciativa trata de agregar un apartado en el Código Penal del Estado al adicionar el Artículo 157 Bis y 157 Bis 2, en los cuales manifiestan que al evitar u omitir la difusión de alternativas medicinales, se sancionará con pena de seis meses a siete años de prisión; y al servidor público que se niegue a proteger los grupos vulnerables, será sancionado con 10 a 30 años de prisión.
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