Nuevo León

Piden a fiscales y auditor dejar cargos para no usurpar funciones

El Secretario de Gobierno de NL indicó que los actos que realicen los funcionarios cuyo nombramiento fue invalidado, son nulos de derecho

  • Por: David Torres
  • 03 Diciembre 2024, 18:20

De continuar ejerciendo sus cargos, los fiscales Anticorrupción y el de Delitos Electorales, así como el Auditor Superior del Estado caerán en usurpación de funciones lo cual es un delito grave, afirmó el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quien les pidió dejar esos puestos.

En la conferencia Nuevo León Informa, el funcionario afirmó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó claro que los actos que ejerzan esos funcionarios a partir de sus nombramientos son nulos de derecho.

Lo mismo, dijo, aplica para otros cargos que en marzo del 2023 realizó el Congreso local como el de magistrados del Poder e integrantes del Consejo de la Judicatura.

Afirmó que los funcionarios conocen las consecuencias de seguirse manteniendo en el cargo porque son abogados y saben que se tendría que dar vista a la SCJN en caso de que se desobedezca.

La Suprema Corte de Justicia ya resolvió y declaró nulo todos los decretos, y además todos los actos posteriores hechos al amparo de estos decretos, lo que se siga actuando por los funcionarios que son espurios por no tener un sustento legal en la Constitución y en la Ley de Nuevo León, se estará cometiendo el delito de usurpación de funciones y también se le tendrá que dar vista a la Suprema Corte de Justicia en caso de que se incumpla por parte del Congreso en declarar nulos los decretos y los actos que cometieron y sucedieron con fundamento en estos decretos.

Estamos apostándole a que los funcionarios que fueron nombrados, algunos de ellos expertos en derecho, entiendan perfectamente la responsabilidad que existe en continuar en un cargo que ya no pueden ejercer porque ya se declaró la nulidad de los nombramientos por la Suprema Corte de Justicia, indicó el funcionario estatal.

Navarro señaló que el Congreso quería “robarle” facultades al gobernador en el proceso de nombramientos de fiscales, auditor estatal, y hasta en el de Secretario de Gobierno y Tesorero estatal, pero la SCJN lo desechó al invalidar los decretos 340, 341 y 342 en octubre y cuyos detalles se publicaron el viernes.

Estos decretos eran reformas Constitucionales que pretendían desposeer, despojar, robar al poder ejecutivo, al gobernador de ciertas facultades en el proceso de nombramiento de Fiscales, del Auditor Superior del Estado, en Consejeros del Poder Judicial, también esos decretos tenía como consecuencia que el Congreso nombrara al Secretario General de Gobierno, al Tesorero del Estado, era totalmente una invasión de facultades, un robo de facultades por parte de Legislativo.

La justicia y la razón nos confirman que este pleito que trae el PRI y el PAN contra este gobierno no tiene sustento legal, señaló.

Navarro afirmó que aún así, el estado le tiende la mano al PRI y PAN para trabajar en favor del estado y en beneficio de los proyectos que más ocupa la ciudadanía.

Yo le pido al PRI y al PAN que dejen de pelear, que busquemos una reconciliación, que busquemos que no se perjudique ya más a los ciudadanos de Nuevo León, que las obras de movilidad son urgentes, que también los recursos para el Metro, para Salud, educación y seguridad son sumamente necesarios.

Que el gobernador y todo el gabinete estamos listos para dialogar, resolver temas pendientes, y sobre todo lo más importante servir al estado de Nuevo León, servir a los ciudadanos y que no sean rehenes de pleitos políticos”, apuntó, expresó Navarro.

Navarro Velasco dijo que bajo esa situación todos los actos que se hicieron posteriormente a la publicación de los decretos declarados, nulos e inexistentes.

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Abundó que también quedó nulo la intención del Poder Legislativo de quitarle al Poder Ejecutivo, quitarle al gobernador la Defensoría Pública de Nuevo León, así como el hecho de que el Congreso impida el Gobernador a que salga del Estado más de tres días sin el permiso del Congreso.

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