Liberan a Blas Escamilla; acusa persecución política

Blas Escamilla González, director de Inspección de la Secretaría de Trabajo Estatal,  desde el 23 de diciembre, fue puesto en libertad tras obtener un amparo que le permite seguir su proceso legal sin prisión preventiva.  

Tras su liberación, Escamilla González, quien enfrenta cargos por abuso de autoridad ante una denuncia presentada en junio de 2023, calificó su detención como un atropello y acusó que fue víctima de una persecución política por cumplir con su trabajo y exigir a familiares de diputados que cumplan con la ley.  

"Hoy se reafirma que no hay una persona encima de la ley y tampoco va a haber personas debajo de ella.  

"Mi detención y posterior encarcelamiento fueron un atropello, no solo a mis derechos, sino también al sistema de justicia en el que vivimos, que se ha estado utilizando facciosamente para persecuciones políticas, operando desde el Congreso del Estado de parte de las diputadas y los diputados del PRIAN", declaró. 

El funcionario agregó que su detención fue orquestada de forma ilegal por diputadas y diputados del PRIAN, quienes utilizaron sus privilegios para acusarlo de abuso de autoridad. 

"De forma ilegal y utilizando sus privilegios fue como diputadas y diputados del PRIAN me han acusado de abuso de autoridad por atreverme a pedir a sus familiares que cumplan con la ley como todos los ciudadanos", señaló. 

Escamilla González refrendó su compromiso con Nuevo León y aseguró que seguirá luchando por su inocencia. Por su parte, el abogado del funcionario, Héctor Mateos, explicó que el proceso continuará en libertad y que Escamilla González acudirá a sus audiencias.  

Además, se espera la respuesta de un juicio de amparo que promovieron. 

El pasado 31 de diciembre, una Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León otorgó la suspensión dentro del Juicio de Amparo promovido por el defensor, ordenando la inmediata libertad de Escamilla González.  

La jueza consideró que ni el ministerio público responsable ni el propio juez proporcionaron argumentos o datos de prueba que justificaran los riesgos que ameritaran la imposición excepcional de la prisión preventiva justificada.

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