Inicia paro del Poder Judicial federal en Nuevo León

Miles de empleados del Poder Judicial de la Federación iniciaron en Nuevo León un paro laboral indefinido, en protesta por el proyecto de reforma que busca que jueces, magistrados y ministros sean votados en las urnas y que pretende acabar con la carrera judicial.

A diferencia de otros estados, que comenzarán la parálisis hasta el primer minuto del miércoles, en Nuevo León decidieron comenzar desde ahora este movimiento de resistencia en el que no trabajarán.

Y aunque el acuerdo inicial era atender sólo asuntos urgentes mediante guardias montadas por los trabajadores, ahora la intención es reducir más el número de asuntos a despachar, es decir, pretenden atender únicamente los temas relacionados con la libertad de las personas.

Este martes, en los tribunales laborales del Poder Judicial en la avenida San Jerónimo, en Monterrey, cientos de empleados permanecieron afuera de las instalaciones, como parte del paro y la protesta.

Además, otro grupo se plantó en la avenida Pablo González.

En ambos caos, gritaban consignas y sostenían mantas de inconformidad.

Sandra Herrera, secretaria del de Segundo Tribunal Colegiado Penal, dijo que no permitirán que se les afecte.

Se prevé que en el paro nacional participen 53 mil empleados de todo el país.

Esto implica que no se laborará en 932 tribunales y juzgados de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura.

Se prevé que al menos 8 mil 700 expedientes queden sumidos en la parálisis.

Según los trabajadores, elegir a jueces, magistrados y votos en las urnas equivale a que personas sin la preparación adecuada ocupen puestos de impartición de justicia.

Además, consideran que un juez electo compromete su voluntad a la de los intereses que lo promueven, abriendo la puerta a la corrupción, ya que terceras personas, como las ligadas al narcotráfico, podrían ser favorecidos en procesos judiciales.

Aseguraron que hoy solo los profesionistas más preparados puedan impartir justicia.

Dijeron que el rezago en la impartición de justicia se debe a carencias en tribunales y juzgados y no se solucionan con reducción de recursos.