Exigen investigar posible caso de corrupción en obra de túnel

Aunque ya pasaron 27 años desde que posiblemente ocurrió un caso de corrupción en la construcción del Túnel de la Loma Larga, diversos actores públicos urgen a que se abra una investigación.

Esto luego de que el ingeniero Raúl Salinas Jiménez, quien formó parte del proyecto Fidevalle para la obra del Túnel, concedió una reveladora y preocupante declaración a El Horizonte.

El urbanista confesó públicamente que durante la obra se eligió la opción más barata para la construcción, revelación que tuvo lugar luego de que el desprendimiento del techo de concreto en el interior del túnel urbano puso en riesgo la integridad civil, implicó inminente cierres a la vialidad y significó también un nuevo gasto al erario respecto a reparación y mantenimiento.

Al respecto, el diputado local de Morena, Mario Soto, dijo a este medio que a pesar de que el señalamiento de Raúl Salinas Jiménez es añejo, los efectos del posible caso de corrupción son presentes, por lo que sí en efecto resulta probatorio que algún tomador de decisiones durante la obra concluida en 1998 resolvió elegir opciones no seguras para la infraestructura y vida del proyecto, esa persona tiene que responder a la justicia.

“Estos dichos de que si fue construido con material barato, pues la verdad que, pues que son muy lamentables, pues este túnel que se construyó hace 23 años es de las avenidas y más transitadas.

“Respecto a si podría castigarse a alguien aún después de haber transcurrido 23 años, habría que analizarlo y se tendrían que presentar las denuncias correspondientes y las autoridades también correspondientes a estos”, dijo el legislador.

En tanto, la analista política, Liliana Flores Benavides, dijo que ahora el Túnel de la Loma Larga se convirtió en un reflejo de que lo que explicó “normalmente pasa en la obra pública”, refiriendo “casos de corrupción”.

“Se hacen presupuestos y a veces a la hora de aplicarlos no se aplica el material aprobado y por cuestiones de corrupción se aplican materiales más baratos.

“Es esa posibilidad de actos de corrupción que hacen que se pague un monto, considerando que se iba a aplicar material de buena o primera calidad, pero en realidad se aplica uno más barato, y ahí están las consecuencias, lo barato sale caro”, explicó.

Dijo además que el caso debe de ser atendido por la Auditoría Superior del Estado, aunque dijo este órgano se ve limitado, ya que tienen que hacer estudios, pero subrayó que “en términos legales a ellos les corresponde”.

Al respecto el también analista político, Gilberto Marcos Handal, dejó ver que el caso a investigar no debe solo ser en el origen de la obra, sino en el seguimiento de la misma, pues es por todos sabido que desde hace años se presentaban filtraciones y goteos al interior del túnel, situación por la que han pasado 9 administraciones municipales de Monterrey, 9 de San Pedro y cinco sexenios estatales.

“Es increíble que con tantos años de ver esas filtraciones ninguna autoridad se haya abocado a analizar los riesgos. Algo se está haciendo mal en el Estado y los Municipios para prevenir incidentes como este.

“Si en aquel momento había prisa por terminar la obra y bajar costos, porque luego ningún presupuesto gubernamental resulta igual al inicial, se debió en otro momento posterior, y más ahora que se presenta la contingencia, replantear la posibilidad de reforzar ese techo en definitiva, para evitar tragedias.

“Deberían, incluso, reforzar ese techo con cuadrículas de PTR para evitar que algún desprendimiento dañe a los automovilistas que circulan por ahí. También hay que ver el origen de las filtraciones de agua que podrían venir de la parte superior de la loma o de los laterales”, precisó Marcos Handal.

Mañana miércoles se cumplirán 27 años desde aquel 25 de septiembre de 1997, cuando el túnel de la Loma Larga fue inaugurado por el entonces gobernador interino Benjamín Clariond Reyes-Retana y el entonces presidente de México Ernesto Zedillo.

La obra se realizó a través del desaparecido organismo Fidevalle, diseñado por el gobierno estatal para ejecutar obras urbanas entre Monterey y San Pedro de 1993 a 1998.

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